El Gobierno endurece los criterios para crear universidades privadas

Coto «a los chiringuitos educativos privados», este el objetivo del borrador del real decreto que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros y con el que el Gobierno endurecerá los criterios mínimos para que las comunidades autónomas den luz verde a nuevas universidades privadas, todo ello, con el objetivo de que la norma esté lista para aprobarse en mayo o en junio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta medida que justificó en la defensa del sistema público de educación superior frente a los «chiringuito educativos privados» o simplemente «academias». Sánchez concretó que la reforma legal incluirá tres tipos de medidas para garantizar que en España solo se creen universidades si los proyectos cumplen con unos mínimos de calidad y de excelencia. El primer cambio tiene por objeto impedir que haya comunidades que autoricen universidades privadas con informes negativos de la Conferencia General de Política Universitaria, el órgano de coordinación en materia de educación superior que reúne a representantes del ministerio y de las autonomías. Informes que en algunos casos se ignoran pese a que indican que los aspirantes tienen unos niveles de investigación o de variedad de titulaciones insuficientes debido a que es un trámite preceptivo (es obligado), pero no vinculante (las consejerías no tiene por qué seguir sus indicaciones). Con la reforma, las autonomías ya no podrán autorizar universidades que no superen un «informe de evaluación» realizado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación o de sus equivalentes autonómicas. Ese informe de nueva creación, que se añadirá al ya existente, no solo será preceptivo sino también «vinculante» y «garantizará los criterios de calidad» con un análisis «riguroso e independiente», comentó Sánchez. Ese justo es el segundo pilar de la nueva norma. Endurecer los criterios para autorizar la apertura de una universidad. Entre los nuevos requisitos estarán asegurar un mínimo de 4.500 alumnos los primeros cinco años de funcionamiento, disponer de solidez económica garantizada, contar con una oferta de alojamientos para los estudiantes de no menos del 10% de los matriculados, que los promotores de la institución tengan «experiencia de gestión contrastada» en educación superior y que cumplan con unas exigencias mínimas y más estrictas que las actuales en inversiones y producción en investigación. Como tercera medida, pretende terminar con proyectos online que se disfrazan de universidades sin serlo. Considerará que todas las universidades que imparten la mayoría de sus créditos online tienen un carácter y un ámbito de actuación nacional, por lo que «solo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes», avanzó Pedro Sánchez.