Alrededor de 4.000 empleados públicos siguen presos de la temporalidad en León, pese a la estabilización
Los interinos que lograron plaza tienen ya sólo un mes para reclamar indemnización
Los últimos procesos selectivos no se han traducido aún en un descenso de la interinidad provincial
La temporalidad sigue en niveles muy elevados.
La tasa de interinidad en las administraciones públicas está en la provincia de León muy por debajo de la media nacional (alrededor del 15%, frente a más del 35% en el conjunto del país), pero afecta a los derechos y la estabilidad de más de 4.000 trabajadores públicos locales. Una cifra que se resiste a descender, a pesar de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de los últimos meses y sus ya inminentes amenazas de sanción a España por no ser capaz de adaptar el índice de temporalidad del empleo público a las exigencias de Bruselas. Ni las últimas y masivas convocatorias de empleo público han contribuido a la estabilización de la contratación temporal en la provincia, en parte por el retardo en la adjudicación de las plazas, según explican los representantes sindicales de los funcionarios. Que sí advierten de una urgencia: los trabajadores públicos que durante años estuvieron sometidos a la sucesión de contratos temporales y al fin lograron una plaza fija en los últimos tiempos tienen ya menos de un mes para reclamar la indemnización que la sentencia europea les reconoce. Un plazo que concluye el 13 de junio. Son aquellos trabajadores que no han participado antes en los procesos de estabilización y no han consolidado su plaza.
En León, según el último dato oficial, hay casi 31.400 empleados públicos. Más de la mitad de ellos (más de 17.000) están a cargo de la Junta de Castilla y León, que al margen de su estructura tiene transferidas las competencias de sanidad y educación, por ejemplo, dos de los sectores de mayor volumen de personal. Y también donde se registra un porcentaje muy elevado de sucesión de contratos temporales. La interinidad es también muy elevada entre los trabajadores de las administraciones locales, que en León suman una plantilla de alrededor de 6.400 empleados, más del 20% del total.
De todos ellos, desde el sindicato CSIF señalan que más de 4.000 están afectados por el encadenamiento de contratos temporales, que llevan años denunciando y que ha llegado al tribunal europeo. La censura de la jurisprudencia europea a la temporalidad en el empleo público en España es clara, tanto como el hecho de que transformar esos contratos en fijos no convierte a los afectados en funcionarios, como pretendían al principio.
En todo caso, Europa ha establecido límites para cada una de las situaciones que considera irregulares. El 13 de junio del año pasado el TJUE hizo pública la sentencia que obligaba a España a convertir en fijos a los interinos que acumulen una sucesión de contratos temporales en las administraciones públicas; porque España incumple el Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada. El plazo para que quienes han vivido esta sucesión de contratos temporales en las administraciones y han conseguido al fin una plaza fija reclamen su indemnización, tal y como determina el tribunal europeo, concluye el próximo 13 de junio. Queda menos de un mes para reclamar.
El tribunal estableció que la convocatoria de oposiciones para reducir la temporalidad del empleo público no es la herramienta adecuada para sancionar debidamente los abusos, y recordó que la ley establece compensaciones de 20 días de retribución por año de servicio y doce meses de salario total. Porque lograr un empleo fijo no es una «reparación proporcionada» de los daños derivados del abuso de la temporalidad.
Por otra parte, a finales de año la Comisión Europea advirtió a España que no se ha reducido la tasa de temporalidad en el sector público de la forma exigida: es de más del 35% de media en las distintas administraciones del país, y la Ley de Estabilización del Sector Público exige que no supere el 8%. Europa dio dos meses a España para ajustar estas medidas y recortar la precariedad. Ahora abre expediente sancionador, con un nuevo plazo para analizar los cambios que se lleven a cabo antes de decidir si eleva el caso al tribunal europeo. Bruselas reivindica que la ley española no es suficiente para cumplir con la directiva, que exige que esta situación no se prolongue más de tres años; ni establece vigilancia ni sanciones.