El PP exige a Diez que las cámaras de las nuevas peatonales de León no multen ya el día 20 de junio
Los populares insisten en que es ilegal, como avisó el Procurador del Común, y
Alfonso V es una de las calles afectadas por las peatonalizaciones en la que se multará.
Diez días después de que se encendieran las cámaras y a otros tantos de que comiencen a sancionar, el PP exigió este martes al equipo de gobierno de José Antonio Diez en el Ayuntamiento de León que “no se multe al menos hasta que haya ordenanza que regule la zona de baja emisiones”. La reclamación llega a expensas de que el 21 de junio empiecen a funcionar los dispositivos en las nuevas calles peatonalizadas del centro de la ciudad: San Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco, Ramiro Valbuena y, en los próximos meses, Fuero, además de en la carretera de los Cubos y Carreras, pese a que el consistorio no cuenta con " la debida cobertura normativa", como recalcó el Defensor del Pueblo en la comunidad
Los populares se apoyaron de nuevo en la resolución del Procurador del Común que avisó al Ayuntamiento de León para defender que existe "un limbo jurídico". El portavoz del grupo, David Fernández, insistió en que esta situación evidencia "el descontrol y la apatía del equipo de gobierno, que provoca incertidumbre y desasosiego en los miles de vecinos afectados". Aunque no se sabe cuántos en concreto, como incidió el PP, que en la última comisión informativa de Seguridad y Movilidad reclamó los datos, pero obtuvo "como respuesta el silencio de los concejales socialistas".
Pese a esta falta de datos sociales, Fernández estimó que "sólo en San Agustín, Alfonso V y Gil y Carrasco hay 1.400 plazas de parking subterráneas, a las que habría que sumar comercios, residentes con movilidad reducida, etcétera". "Es decir, el número de afectados puede superar perfectamente la cifra de 2.000, que no es poca cosa. Teniendo en cuenta que los afectados pueden tener más de un vehículo, el número de permisos puede crecer ampliamente", concedió el concejal popular.
El portavoz del PP abundó en que "a sólo 10 días de la supuesta activación de las cámaras, el gobierno municipal no ha recopilado la información básica para saber si todos los afectados están al corriente de la situación, si los criterios son cumplidos por la mayoría de afectados y si hay tiempo suficiente antes del 20 de junio para tramitar todas las solicitudes". Esta "nueva oda al despropósito del PSOE local" redondea el "evidente ejercicio de engaño e improvisación del señor Diez", quien afirmó "antes de las elecciones que estas calles serían de calmado de tráfico, es decir, circulación a 10 por hora y estacionamientos", pero luego "mostró sus verdaderas intenciones nada más pasar los comicios".
El grupo popular recordó que este anuncio "se produjo en el otoño de 2023", aunque "no fue hasta el 14 de noviembre de 2024, un año después, cuando se emite el bando de alcaldía que formalizaba el uso de estas calles". "En ese bando se establecía quiénes podrían solicitar el tránsito por estas calles y también el plazo del 1 de marzo como fecha límite para solicitar los permisos", incidió Fernández, quien subrayó que "tres meses de que Diez emitiera el bando no había habilitado ningún cauce ni procedimiento para otorgar estos permisos".
La "nueva chapuza del alcalde y su gobierno", que genera "esta incertidumbre y este limbo jurídico en el que ha sumido a estas calles con sus decisiones caprichosas", se añade a "los graves problemas de aparcamiento y circulación de tráfico que ha generado a toda la ciudad por tomar este tipo de decisiones sin plantear alternativas, más allá de la ocurrencia de UPL y PSOE de cerrar un carril de Papalaguinda, a la que ya en su día planteamos nuestros reparos preocupación y que celebramos que se haya metido en el cajón gracias al sentido común que ha puesto nuestra policía local".
En su exposición, Fernández criticó que "por culpa del alcalde y sus caprichos e improvisaciones, hoy a los leoneses les cuesta mucho más tiempo y mucho más dinero aparcar", dada "la plena ocupación de los aparcamientos en el centro de la ciudad y de los aparcamientos disuasorios". "A estas denuncias ahora tenemos que añadir la tremenda inflación que estas decisiones han generado en el precio del alquiler de las plazas de garaje subterráneo situadas en el centro, que se han incrementado en más de un 25% desde que el alcalde cerró estas calles hace apenas dos años. Sube los impuestos y además genera inflación con sus decisiones", resolvió el concejal del PP