Los abogados de León se oponen a que todos los asuntos de violencia sobre la mujer se tramiten solo desde la capital o El Bierzo

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de León se ha posicionado en contra de la modificación legislativa que implica que los asuntos de violencia de género de León, Astorga, La Bañeza, Cistierna  y Sahagún se tramiten solo desde León y los de Villablino y El Bierzo solamente desde Ponferrada. La entrada en vigor de este sistema se anuncia para el 31 de diciembre.

La abogacía leonesa denuncia que esta decisión, lejos de mejorar la eficiencia, aleja la justicia de las personas más vulnerables, quebrando el principio de inmediación y de proximidad. Obliga a las víctimas a desplazarse —a menudo sin transporte público adecuado— el mismo día o al siguiente de la denuncia, para declarar o solicitar protección, lo que puede disuadir la denuncia, aumentar la revictimización y consolidar desigualdades territoriales y de género.

El decano del Colegio, Fernando Rodríguez Santocildes, quien además es el Presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las mujeres del Consejo General de la Abogacía Española;, ha sido contundente: “Esta medida no solo es ineficaz, sino profundamente injusta. Obliga a muchas víctimas a desplazarse decenas de kilómetros en momentos de extrema vulnerabilidad, con medios de transporte en muchos casos inexistentes”. A su juicio, la reforma vulnera los principios de inmediación y proximidad, pilares esenciales en este tipo de procesos judiciales.

Desde la abogacía leonesa se denuncia que la reforma no solo incrementará la revictimización y las desigualdades territoriales, sino que puede incluso disuadir la interposición de denuncias. “La justicia debe estar cerca, no lejos, especialmente cuando hablamos de proteger a quienes ya están en situación de riesgo”, remarcó el decano.

Se advierte además que la previsible alternativa de la práctica de diligencias judiciales por videoconferencia compromete el principio de inmediación, esencial en estos procedimientos, y además resulta inviable sin medios materiales y personales suficientes en las oficinas municipales de justicia, aún inexistentes en la práctica.

Esta reforma, lejos de fortalecer la lucha contra la violencia de género, dificulta la coordinación entre operadores jurídicos, sanitarios, policiales y sociales, y pone en riesgo el principio de unidad de defensa, según el cual el abogado designado por el turno de oficio asume todos los procedimientos derivados de la condición de víctima.

El Colegio recuerda que todos los partidos judiciales de la provincia de León cuentan con profesionales de la abogacía altamente cualificados, con formación continua y especializada en violencia sobre la mujer. La situación actual ha venido garantizando una atención eficaz a las víctimas sin menoscabo de la especialización.

Además, lamenta que la medida se haya tomado sin contar con la participación de los operadores jurídicos del territorio —en especial, de la Abogacía— ni haberse realizado una evaluación de impacto que tenga en cuenta las particularidades de la España rural.

Por todo ello, el Ilustre Colegio de la Abogacía de León reclama la paralización de la entrada en vigor de la agrupación judicial aprobada para los partidos de Astorga, La Bañeza, Cistierna y Sahagún, y que cualquier reforma de la planta judicial priorice la accesibilidad, la igualdad territorial y la protección efectiva de las víctimas frente a criterios meramente organizativos.

Rodríguez Santocildes también ha puesto en duda la viabilidad de realizar declaraciones y diligencias judiciales por videoconferencia como solución alternativa : “ Además de privar al órgano judicial de la inmediación, a día de hoy no existe infraestructura técnica ni personal suficiente en las oficinas municipales de justicia para garantizar un mínimo de calidad en la atención.

En la práctica, esa opción no es real”. Asimismo, el Colegio advierte que esta centralización puede romper el principio de unidad de defensa, ya que dificultaría que el abogado del turno de oficio designado inicialmente en el partido judicial donde se formula la denuncia, pueda asumir todos los procedimientos vinculados a la víctima.

El decano ha recalcado que “todos los partidos judiciales de la provincia cuentan con profesionales de la abogacía cualificados y formados específicamente en violencia sobre la mujer. Esta especialización ya está funcionando, no necesitamos desmantelarla”.

Por último, desde el Colegio se ha lamentado la falta de diálogo institucional: “Ni se ha consultado a los operadores jurídicos ni se ha hecho una evaluación de impacto que tenga en cuenta la realidad de la España rural.”, denunció Rodríguez Santocildes.