El Ayuntamiento de León pierde 7,6 M€ en pago de deuda por no gastarlos en 2024

Este año no vale, salvo que haya un cambio de última hora. El Ayuntamiento de León no podrá emplear todo el remanente general para gastos de tesorería arrastrado de 2024. El cambio decretado por el Gobierno, que ha acabado con la flexibilización de las reglas fiscales de las administraciones públicas, hará que el consistorio de la capital leonesa tenga que destinar al pago de deuda 7.652.000 euros de los 42.800.000 euros de esta partida, correspondiente a las inversiones, obras y servicios que no se ejecutaron en el ejercicio presupuestario para el que fueron destinadas.

La obligación de destinar esta cantidad al pago de deuda devuelve al Ayuntamiento de León a la situación anterior a 2020. Hasta entonces, el plan de ajuste y las normas marcadas por el Ministerio de Hacienda empujaron al consistorio de la capital leonesa desde 2012 a tener que entregar todo el remanente de tesorería a enjugar la deuda. Ese corsé hizo que, durante los diez ejercicios presupuestarios comprometidos, la administración municipal viera cómo se le iban con destino a las entidades financieras 71,8 millones de euros de manera extraordinaria, a mayores de los que ya estaban registrados en las cuentas para atender a la amortización y los intereses.

Esa política de acumulación del remanente de tesorería para gastos generales la calificaba José Antonio Diez, entonces jefe de la oposición, como muestra de la «falta de gestión, incapacidad, desidia, falta de inteligencia y falta de competencia» de los gobiernos del PP, como le recordaron los populares hace un año. Pero, en contra de esas restricciones que existían desde 2012 hasta 2019, ambos inclusive, el alcalde socialista se encontró con que, tras el covid, el Gobierno relajó las condiciones para posibilitar el gasto de las administraciones municipales en inversiones «financieramente sostenibles».

La flexibilidad de las reglas de gastos hicieron que el Ayuntamiento de León acumulara 7,8 millones de euros en 2020, 28,2 millones en 2021, 35,7 millones en 2022 y 23,2 millones en 2023. No hubo tasa entonces para poder gastar todas estas partidas en el ejercicio siguiente, bien para los proyectos que habían sido asignadas en las cuentas presupuestarias o para inversiones en obras y servicios que se justificara la sostenibilidad financiera, basada en que no indujeran un gasto a mayores a partir de entonces en su mantenimiento.

Pero en esta ocasión las reglas han cambiado, aunque sin que afecten al total del remanente de tesorería para gastos generales. Dentro de la bolsa de 42,8 millones de euros, el Ayuntamiento ha logrado librar los que correspondían con autorizaciones o disposiciones de gasto que estaban realizadas, pero en las que no se había liquidado la factura dentro de 2024. A mayores, se mantienen los agrupados dentro de la denominada financiación afectada, en la que entran aportaciones de otras administraciones públicas, como el Estado y la Junta, para proyectos concretos sin capacidad de variar su destino, como por ejemplo los que quedan reservados por el Palacio de Congresos y los recibidos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) apoyados en los fondos de la UE.

Fuera han quedado 7.652.000 millones de euros. No todos se corresponden con partidas que tenían un destino concreto en 2024, pero que los responsables del equipo de gobierno del Ayuntamiento de León no llegaron a ejecutar en tiempo y forma. Este superávit acumulado corresponde también a la mejora en la recaudación de algunos conceptos, con cifras por encima de las que se habían fijado en las cuentas a ejemplo del ejercicio precedente, y ahorros en algunos suministros, sobre todo en lo concerniente a las facturas de la energía que en los años anteriores se habían disparado y cuyos precios de mercado se han reducido ahora.

La suma los 7,625 millones que el consistorio de León ya da por perdidos, al menos para el gasto en bienes, servicios y obras, aunque ayuden a rebajar más la deuda viva de la administración municipal. Aunque el consistorio todavía guarda una esperanza pendiente de que el Gobierno haga caso a la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp). La agrupación de ayuntamientos ha reclamado al Ministerio de Hacienda que prorrogue la posibilidad de destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles durante los ejercicios 2025 y 2026, como se expone en la carta enviada por la presidenta, María José García-Pelayo, tras el acuerdo adoptado por unanimidad en el plenario. El escrito abunda en el perjuicio que «la coyuntura económica actual, junto con las múltiples necesidades ciudadanas que requieren atención, hacen más necesaria que nunca la posibilidad de destinar el superávit a la financiación de inversiones financieramente sostenibles».