La falta de presupuestos se ceba con territorios debilitados como León

«España no se para por la falta de Presupuestos Generales del Estado, pero no progresa todo lo rápido que podría». Un lastre en la incapacidad de sumar apoyos para ejecutar cuentas públicas adaptadas a los retos actuales y de futuro que se agrava en los territorios más débiles, como es el caso de la provincia de León. El país no aprobó prespuestos en 2024 y para 2025 no se arriesgó a una derrota política y lo ha dejado pasar. Ahora instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) alertan sobre el retraso en la tramitación del presupuesto que deberá ordenar ingresos y gastos en 2026. Economía asegura que hay tiempo, pero los trabajos que ya tenían que estar avanzados no se han iniciado. Y la debilidad parlamentaria del Gobierno es evidente. Una nueva prórroga parece impensable. Anclaría a León en una planificación de inversiones que ya en 2023 fue decepcionante y se criticó por la ausencia de cualquier nuevo proyecto que impulse la economía provincial.

Y esta situación tiene consecuencias. En general para el país, y en particular para León. Así lo constata el reciente informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) sobre las consecuencias de la «anomalía democrática» de las prórrogas presupuestarias. La inversión en estos años se ha sostenido sobre todo gracias a los fondos Next Generation, pero se acaban. Y esta incapacidad del Gobierno provoca «fuertes tensiones en la financiación territorial». La falta de planificación y ejecución de inversiones debilita la competitividad de las regiones, especialmente las que acumulan un retraso histórico, como es el caso de León. Y perjudica directamente a sectores que tienen un fuerte «efecto dominó» en el crecimiento económico, como es el caso de la construcción. Retrae además la inversión privada.

Un escenario en el que el futuro de León, para el que continuamente se exige un plan estratégico específico de desarrollo que salve a la provincia de la atonía, navega tras el fiasco de las últimas cuentas públicas aprobadas.

El último proyecto de PGE se presentó en octubre de 2022, hace casi tres años. Y ya denotaba una preocupante falta de proyectos novedosos y de impulso para la provincia de León, que más allá de los millonarios gastos en partidas habituales de mantenimiento apenas recogía los coletazos de los compromisos inversores en regadíos, y las últimas partidas del trazado de alta velocidad a Asturias.

En el resto de los proyectos más demandados por los leoneses, apenas esbozos y pequeñas partidas a la espera de mayores inversiones en la previsión plurianual (esa que en estos tres años no se ha concretado). Buena parte de los proyectos licitados en este tiempo se apuntan a la cuenta de los fondos Next Generation EU, que están llegando a León de forma mucho menos generosa de lo esperado, pero que han permitido poner sobre la mesa inversiones esperadas.

En el listado de los últimos presupuestos generales quedan los apuntes de lo que debe ser el arranque de las largamente demandadas obras del nudo del Manzanal, o la autovía Ponferrada-Orense (A-76), con exiguas partidas para los estudios de viabilidad.

En la cuneta queda la eterna A-60, la vía rápida entre León y Valladolid, que aparece con partidas tan rácanas que muestran a las claras la nula voluntad de llevarla a cabo. Y en el limbo sigue Torneros, rubricado en todas las teorías inversoras y negado en todas las prácticas presupuestarias. A la segunda fase del Parador de San Marcos acaba de anunciarle el Gobierno un proyecto lejano al previsto inicialmente, y que ya en sus primeros pasos suma retrasos. Con poco más que lo justo para seguir funcionando se apaña el Aeropuerto de León, a pesar de que suma viajeros y a la espera de ver si se concreta el plan de convertirlo en referente de mercancías del noroeste. Y así suma y sigue, sin novedades relevantes y sin cumplir con lo largamente comprometido.

Prometido o ejecutado

Eso en la parte de lo anunciado, porque de ahí a lo ejecutado hay también una distancia más que considerable (y reprochable). El año pasado el Gobierno central recuperó el pulso, y puso en marcha inversiones incluso por encima de lo anunciado en la provincia, después de dos años en los que apenas invirtió una cuarta parte de lo publicitado. Según los datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, en 2022 y 2023 la diferencia entre lo anunciado por el Gobierno para obra pública en la provincia y lo realmente encargado se queda en la adjudicación de apenas una cuarta parte de lo realmente comprometido. En 2022 el cumplimiento fue del 39% de lo anunciado, pero en 2023 se quedó en apenas un 15,2%.

En cambio en 2024, sin presupuestos, la Administración central anunció una inversión para los proyectos leoneses de 179 millones de euros, aunque sacó a licitación obras por 272 millones y finalmente adjudicó 218 millones, un 22% más de lo previsto inicialmente.

Con todo, la falta de un marco presupuestario oficial y con miras al futuro deja en el limbo de la incertidumbre una planificación estratégica que ya con cuentas aprobadas margina los intereses de León, y sin ellas los relega directamente al olvido.

El informe del IEE es demoledor sobre esta situación que se ha convertido en habitual de prórroga presupuestaria (no sólo con el actual Gobierno socialista), y que califica como una «anomalía democrática» con graves consecuencias para el avance del país, y para corregir sus desequilibrios territoriales (como reclama León), en el caso de que exista voluntad política de hacerlo. Algo cada vez más difícil, cuando las cesiones se vuelcan hacia territorios con capacidad de condicionar la gestión del Ejecutivo, lo que no es el caso de la provincia.

Los expertos inciden en que las prórrogas tienen importantes consecuencias, porque impiden que las cuentas públicas se adapten a la situación en cada momento e introduzcan reformas estructurales a medio y largo plazo. Y eso, en este momento, implica además desaprovechar las oportunidades que genera el fuerte crecimiento de la economía española en estos años.

El estudio hace hincapié en el lastre que para la financiación territorial implica la prórroga de los presupuestos, y por tanto la falta de actualización de los fondos territoriales. Que se alimentan de entregas a cuenta como la aprobada ahora, pero que limita la gestión de los muchos servicios públicos cuyas competencias están en manos autonómicas. Y que tensionan la situación en provincias con importantes necesidades en un mundo rural disperso, envejecido y despoblado, como es el caso de León.

Si se le suma la imposibilidad de ejecutar las inversiones necesarias para avanzar, la competitividad regional se ve seriamente afectada. De manera especial en sectores como el de la construcción o el inmobiliario, cuya actividad es básica ante los retos actuales tanto sociales como de infraestructuras; y que lastran la competitividad de los territorios. Pero ademas tienen un efecto dominó determinante en la economia, que se transmite a través de todo el tejido empresarial.

Esa incertidumbre afecta a las inversiones, tanto locales como internacionales, según el IEE. La falta de marco presupuestario retrae las decisiones inversoras y condena las posibilidades de desarrollo económico local. De hecho, por ejemplo, el informe alerta sobre el retraso en el desarrollo del Corredor Mediterráneo, pero ni siquiera menciona la situación del Corredor Atlántico, esencial para el futuro leonés.

Sin olvidar que los PGE no sólo alientan nuevos proyectos, porque una enorme partida de sus gastos se destina anualmente al mantenimiento de las infraestructuras existentes. Este es un capítulo que está siendo olvidado, y los problemas que genera son ya más que evidentes en el caos ferroviario, por poner un ejemplo. Y en otro de los capítulos que más afecta a León, y sobre el que llaman la atención los expertos del IEE: el deterioro de las carreteras de las áreas rurales, que dependen de las asignaciones anuales y, ante la falta de presupuestos, «deterioran sus infraestructuras y aumentan la brecha entre las zonas urbanas y rurales».