El plazo para recurrir, que se cerraba este viernes, se alarga hasta el próximo 12 de septiembre
León no podrá multar en las nuevas calles peatonales como pronto hasta noviembre
La maniobra del PP para armar el recurso contra la zona de bajas emisiones dilata el procedimiento
Las cámaras de Ramiro Valbuena, como en el resto, vigilan, pero no multan.
La entrada en funcionamiento de la zona de bajas emisiones de León, con las cámaras de multar como herramienta coercitiva, amenaza con no llegar antes de 2026. Como pronto, no podrán encenderse los dispositivos hasta el mes de noviembre. Eso, si se da el mejor de los pronósticos que maneja el equipo de gobierno del PSOE, después de que la maniobra ideada por el PP empujara el plazo para la presentación de alegaciones a la nueva ordenanza de movilidad hasta el 12 de septiembre. Luego, entre la resolución de las mismas, la aprobación definitiva en Pleno, la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y la entrada en vigor se irá no menos de otro mes y medio.
La esclusa empujada por los populares hace que las alegaciones ganen 15 días hábiles más de los que se habían aprobado de manera inicial. El acuerdo, pactado en el Pleno celebrado a finales de julio, hace que no se cierre este viernes, 22 de agosto, la posibilidad de alegar, como estaba planteado en un principio. Aunque no se extienda por 30 días, como habían invocado los populares, sí que gana tiempo para que armen las reclamaciones con las que quieren paralizar la aprobación de la zona de bajas emisiones y sus medidas de corte de tráfico añadidas en la marca definida por los socialistas: Alfonso V, San Agustín, Gil y Carrasco, Alférez Provisional, Alcázar de Toledo (entre San Agustín y plaza de La Inmaculada), Villabenavente (entre Arquitecto Torbado y Burgo Nuevo), Fuero, Arco de Ánimas, Ramiro Valbuena, Carreras, Cubos, Pelayuelo y Pontón.
La contra la firma no sólo el grupo municipal del PP, que logró ya la paralización de la entrada en funcionamiento que pretendía el equipo de gobierno: primero lo programaron para el 1 de marzo, pero topó con la negativa de los vecinos de las calles implicadas que invocaban el escaso plazo para cumplimentar las autorizaciones; luego, la segunda intentona llevó el calendario hasta el 1 de julio, con 20 días de gracia para que los conductores se aclimataran, pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) frenó en seco la tentativa del PSOE al atender la petición de medidas cautelares abanderada por los populares.
Con el procedimiento judicial todavía en curso, esta vez al frente en contra de las restricciones de circulación del tráfico se alistan las asociaciones de comercio. Pese a que el alcalde, José Antonio Diez, se escudó en que habían sido los comerciantes quienes le habían pedido la peatonalización, los seis colectivos se arremolinaron ya en julio para advertir de que esa petición se circunscribía a un grupo reducido de empresarios.
Las alegaciones de los comerciantes, en sintonía con el PP, insisten en que no se corte el tráfico en estas calles. Lejos de poner el cepo a la entrada de las mismas y usar las cámaras de lectura de matrículas para cursar recetas de 90 euros a los infractores, el sector reclama a Diez que vuelva a lo que prometió antes de la campaña electoral de 2019. Entonces, habló de un «calmado de tráfico», en el que no entraba la peatonalización completa, sino tan sólo que los vehículos vieran limitada a 10 kilómetros por hora su velocidad máxima cuando transitaran por estas vías de la zona centro de la capital leonesa.