El Gobierno suprimió 88 paradas en León, pero sigue defendiendo su mapa de bus
El PP advierte de que esta estrategia puede dejar atrás a las zonas más vulnerables

Autobús en una carretera de Friera
El Gobierno ha respondido a la pregunta escrita formulada por los diputados del Partido Popular (pp) Ester Muñoz de la Iglesia, Silvia Franco González y Héctor Palencia Rubio sobre la supresión de 88 paradas de autobús interurbano en la provincia de León, asegurando que "ningún ciudadano perderá oportunidades de viaje" y que "las paradas afectadas serán asumidas por las comunidades autónomas con financiación estatal".
La pregunta, registrada el 27 de mayo en el Congreso de los Diputados, exigía una respuesta específica para León, tras la aprobación en abril de una Proposición no de Ley del Grupo Popular que instaba al Ejecutivo a retirar el borrador del nuevo mapa concesional estatal de transporte por carretera.
Según los diputados del PP el plan supondría un "nuevo ataque al mundo rural", afectando a 40 municipios leoneses y eliminando el 90% de la red estatal de autobuses en la provincia.
En su respuesta, fechada el 18 de julio, el Gobierno ha defendido que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está trabajando en una "evolución necesaria" del sistema concesional estatal, con el objetivo de mejorar la cobertura, reducir los tiempos de viaje y coordinar los servicios con las redes autonómicas.
El nuevo enfoque, según el Ejecutivo, busca una mayor eficiencia y competitividad frente al coche privado, respetando el marco competencial vigente.
El Gobierno ha subrayado que las paradas que dejarán de estar cubiertas por concesiones estatales pasarán a ser gestionadas por las comunidades autónomas, que recibirán financiación para asumir estos servicios.
"Ningún viajero perderá oportunidades de viaje", asegura el texto, que insiste en que se mantendrán los tráficos actuales y que se reforzará la capilaridad del sistema.
Además, el Ejecutivo ha destacado que el proceso de definición del nuevo mapa concesional se está llevando a cabo de forma "totalmente participativa", con reuniones con comunidades autónomas, empresas del sector, sindicatos y otros actores implicados.
En esta segunda fase, se están celebrando encuentros con todas las comunidades, a las que se ha enviado documentación técnica para analizar tráficos, paradas y oferta.
Una vez definidos los corredores, el Gobierno someterá los anteproyectos a información pública y recabará informes del Consejo Nacional de Transportes Terrestres y de las comunidades autónomas afectadas.
Posteriormente, el Ministro de Transportes elevará el anteproyecto al Consejo de Ministros para su aprobación, previa valoración técnica, económica y jurídica de las alegaciones recibidas.
La respuesta del Gobierno no menciona explícitamente la provincia de León, como solicitaban los diputados populares, quienes reclamaban una contestación personalizada y no genérica.
Tampoco se compromete a retirar el borrador de mayo de 2022 ni a convocar con carácter urgente la Conferencia Sectorial de Transportes, como pedía el Congreso en su mandato.
El Grupo Popular ha denunciado que la eliminación de paradas en León pone en riesgo el acceso de miles de ciudadanos a servicios básicos, especialmente en zonas rurales con orografía complicada y alta dispersión poblacional. La formación considera que el Ejecutivo está ignorando el mandato del Congreso y exige una rectificación inmediata.
La polémica sobre el nuevo mapa concesional se enmarca en un debate más amplio sobre la vertebración territorial y la lucha contra la despoblación. Mientras el Gobierno apuesta por una reorganización del sistema que priorice la eficiencia y la coordinación entre administraciones, el PP advierte de que esta estrategia puede dejar atrás a las zonas más vulnerables.