Asturias exige anular para la AP-66 la prórroga del peaje
Apertura de la autopista AP66 en el peaje de La Magdalena. F. Otero Perandones.
El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, reclamó ayer la supresión definitiva del peaje del Huerna y advirtió de que su rescate no puede hacerse a costa de inversiones pendientes en el Principado. En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Pumares anticipó un «refrito de anuncios» en el próximo debate de orientación política y criticó la desconexión del Gobierno de Barbón con la realidad. Sobre las cuentas autonómicas, señaló que el incumplimiento de acuerdos anteriores y la intención del Ejecutivo de subir impuestos complican un nuevo entendimiento con Foro, aunque acudirá a la negociación con propuestas. También aclaró que el acuerdo de colaboración con el PP no condiciona el voto de su partido en la Cámara.
Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, inisistió en que la Comisión Europea ha determinado «la ilegalidad» del peaje de la autopista AP-66 entre Asturias y León, y por ello «tiene que revocarse». Barbón, que esta semana mantiene una agenda de trabajo con autoridades comunitarias para abordar asuntos de interés para el Principado de Asturias, remarcó que esa es la posición que su Gobierno sigue manteniendo ante Bruselas.
La Comisión Europea dio el pasado mes de julio un ultimátum a España en el que advertía de que la llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-9 en Galicia y AP-66 porque a su entender son contrarias a las normas europeas de licitación pública, después de que se extendieran las concesiones por 25 y 29 años respectivamente sin haber abierto un proceso de licitación ni haberlo publicado en el Diario Oficial de la UE, tal como exige la directiva sobre contratos públicos, según el dictamen de la Comisión Europea. Es decir, que la prórroga acordada en el año 2000 por el Gobierno del PP de José María Aznar «fue ilegal, ajena a derecho», y «por tanto tiene que revocarse». Fuentes del ministerio apuntaron ayer que se ha remitido «una respuesta amplia» a la Comisión Europea en la que España aporta «las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales» del país. Tras conocerse el ultimátum el pasado 17 de julio, fuentes ministeriales ya avanzaron que Transportes agotará «las opciones de respuesta, además de la posibilidad, llegado el caso, de interponer los correspondientes recursos».