Castilla y León no reducirá de tres a dos años la duración de los interinos
La medida no tiene en cuenta la realidad de sectores como sanidad, educación o servicios sociales. Es una propuesta del Gobierno para terminar con los contratos de este tipo
Imagen de archivo de una manifestación de los trabajadores interinos del sector público.
La Junta de Castilla y León rechazó ayer en la Conferencia Sectorial de Administración Pública celebrada en Madrid la propuesta del Gobierno de España de reducir de tres a dos años la duración máxima de los nombramientos del personal interino.
En un comunicado, la Junta detalló que además ha trasladado su disconformidad con la propuesta de modificar la Ley estatal de Transparencia para establecer un régimen sancionador por infracciones en materia de temporalidad en el empleo público, al no ser objeto de dicha Ley el control de los nombramientos o de la contratación de personal en las Administraciones Públicas.
El consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, ha participado en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, presidida por el ministro de Transformación Digital y Función Pública del Gobierno de España, Óscar López, y a la que también han asistido los diferentes representantes públicos de todas las comunidades autónomas con competencias en esta materia. Dentro del orden del día de la reunión propuesto por el ministro, se ha trasladado la intención unilateral, por parte del Gobierno estatal, de modificar el llamado Trebep, es decir, la versión refundida del Estatuto Básico del Empleado Público que entró en vigor en 2015 y cuya última redacción data de 2021.
Del mismo modo, el ministro ha informado también de la intención del Gobierno de España de modificar la Ley de 2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
El objetivo principal de ambas modificaciones es el de endurecer las limitaciones de permanencia del personal interino en el servicio público a dos años (en lugar de tres, como señala la normativa en vigor), de acuerdo a la normativa vigente.