Las pulseras telemáticas dan protección de sus exparejas a 80 leonesas maltratadas

En los 16 años que lleva operativo el servicio lo han usado 271 víctimas; 191 ya no lo requieren

Ejemplo de pulsera para maltratadores, ahora en el foco por el fallo en el sistema que dejó fuera de uso su utilidad.EFE

León

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271 mujeres leonesas se han acogido en algún momento desde el año 2009 a la utilización de los dispositivos electrónicos que les advierten de que sus exparejas están quebrantando medidas de alejamiento impuestas por los jueces. Son datos que maneja el Ministerio de Igualdad, que reseña que en la actualidad aún hay 80 víctimas de violencia de género en situación de teórica protección en León, después de que en 191 casos la autoridad judicial haya considerado pertinente dar por finalizada la pena en los dieciséis años que lleva vigente el sistema.

Todas ellas están preocupadas por la reciente incidencia que ha supuesto el cambio del operador que prestaba el servicio técnico y que durante los últimos días ha dejado desprotegidas a las víctimas por un fallo de seguridad. «Se ha puesto de moda el tema ahora, por las noticias que han salido en prensa, pero llevamos denunciando esta cuestión mucho tiempo», protesta Sagrario Pérez Astobiza desde la Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales (Adavas).

Sólo en el último año, las cifras que aporta la Fiscalía Provincial de León recogen en el balance de 2024 la existencia de 55 mujeres acogidas a uso de dispositivos electrónicos, 20 por penas de alejamiento y 35 por medidas cautelares que implican la obligación de mantener una distancia obligatoria de separación entre los miembros de una pareja.

La actividad judicial también ha dado cuenta de estas cuestiones. «Tenemos constancia de sentencias que decretan el sobreseimiento de asuntos penales por falta de pruebas de que la pulsera ha fallado», explican desde Adavas. La indignación es evidente..

Nivel de riesgo

El nivel de riesgo determinado en la valoración policial determina la adopción de medidas cautelares, particularmente la instalación de dispositivos telemáticos. León no está entre las provincias en las que se sigue el criterio de solicitar pulsera electrónica cuando la valoración policial indica riesgo medio con especial relevancia, alto o extremo. No obstante, en otros territorios se advierte una aplicación restrictiva de estas medidas, incluso cuando la fiscalía ha solicitado expresamente la necesidad de su adopción. Para paliar estas deficiencias, los fiscales proponen la integración de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) en los momentos iniciales del procedimiento, una mejor coordinación entre operadores y la revisión técnica de los criterios de la valoración policial de riesgo para adecuarlos a los casos de víctimas especialmente vulnerables. Pero León tiene un inconveniente: no dispone de Unidad de Valoración de estas características y la decisión corre por cuenta de la Oficina de Atención a Víctimas.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial, ya había trasladado sendos oficios a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, en los que advertía de problemas con las pulseras de control de agresores machistas.

En ellos se hablaba de incidencias y fallos en los dispositivos, como la manipulación de las pulseras sin que se detectase, fallos en la geolocalización de las mujeres y de sus agresores, pérdidas de señal o cobertura, así como problemas de batería.

También las Audiencias Provinciales alertaron el pasado marzo, en la conferencia anual que celebran los presidentes, de «fallos técnicos» en los dispositivos por «localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados».

Las audiencias avisaron

Los presidentes de las Audiencias Provinciales pidieron corregir las disfunciones para evitar la desprotección de las víctimas, así como aumentar la plantilla de técnicos del centro Cometa ante las dilaciones para colocar las pulseras desde que las jueces las imponían.

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El CGPJ trasladó en mayo estas conclusiones a Presidencia.