La Diputación de León hace negocio con una finca urbana junto al parado sector La Granja

Tiene justo al lado el 62,7% de las 22, 7 hectáreas del sector La Granja, a las que fía desde hace 19 años unos ingresos de más de 20 millones de euros por la venta del suelo. Pero, después de dejar que caducaran los plazos que le permitían promover la urbanización de este sector ya, la Diputación Provincial de León encuentra de pronto en un retal urbano, de apenas 810 metros cuadrados, en las inmediaciones del centro de salud del Ejido, dentro de una de las áreas urbanísticas expansión gracias a la reciente apertura del polígono en el que se encuadra el parque comercial en el que se encuadra Decathlon: un negocio en el que espera sacar como mínimo 1.202.395,35 euros, sin tener que hacer apenas nada más que tramitar la subasta.

La cifra aparece como tipo mínimo de licitación de acuerdo a la documentación publicada por los responsables del Palacio de los Guzmanes en su perfil del contratante. En el informe se incide en que los interesados contarán con plazo hasta el día 17 de este mes de octubre para poder presentar sus ofertas por el terreno. Se quedará con la subasta quien más ofrezca, conforme a los criterios de adjudicación marcados por la institución provincial.

El anuncio de la subasta detalla que la parcela cuenta con 810 metros cuadrados, enmarcados entre el camino de La Granja, la calle la Vitigera y la linde con la residencia de las Agustinas Recoletas, ahora vacía, después de que la falta de vocaciones hiciera que abandonaran el convento en el que se habían instalado en 1967. La finca triangular cuenta con la catalogación de suelo consolidado y la tipología de construcción de «ensanche sin patio de manzana». Esta definición del suelo hace que pueda ocupar la totalidad del espacio para construir en la planta baja, mientras que en las tres superiores se concede una superficie de edificación de 688,5 metros cuadrados en cada una, más un bajo cubierta de 262 metros cuadrados. La suma, a la espera de los planos que decida la empresa promotora, da espacio para repartir entre 15 y 20 viviendas.

La nueva promoción hace vecindario con un entorno urbanístico espoleado por la apertura del sector urbanístico del Decathlon y sus aledaños. Dentro de este suelo, los primeros edificios levantados dan cara al camino de La Granja y a la calle José María Suárez González, que reparte a un lado el nuevo centro de salud del Ejido y enfrente la gasolinera y los desarrollos comerciales.

El aprovechamiento del atractivo urbanístico para la parcela suelta, dentro de una zona ya urbanizada, contrasta con la dejadez de la Diputación para seguir adelante con la urbanización de La Granja. Esta gran bolsa de suelo contiene la última gran herencia de la institución provincial en la ciudad. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2004 consagró los terrenos dentro de un sector enmarcado por la ronda Este, el camino de La Granja y la avenida Real del Ejido. Dentro queda contenido el parque de La Granja, ya construido, lo que permite, sin apenas otra reserva para zonas verdes, aprovechar casi por completo la superficie para la construcción de los viales y la ejecución de nueve manzanas, una de ellas con un bloque de 10 alturas, en las que se distribuirían 1.026 viviendas.

La parcela, junto al centro de salud del Ejido, tiene 3.688 metros construibles entre planta baja, tres alturas y bajo cubierta

El sector suma 22,7 hectáreas, de las que la Diputación posee el 62,% del suelo y el resto se reparte entyre otros 108 propietarios. Esta distribución de la titularidad de los terrenos hizo que, en 2006, la institución provincial iniciara la tramitación urbanística con la previsión de ingresar 20 millones de euros de beneficios. Tres años después, el entonces gobierno del PP logró aprobar el plan parcial del sector pese a las trabas del Ayuntamiento socialista. Con este instrumento, la presidenta Isabel Carrasco constituyó la junta de compensación, a la que se adhirieron el 97% de los dueños de las 47 fincas, lanzó el expropietario de bienes para los no adheridos y lanzó el proyecto de urbanización.

Aunque tras el asesinato de Carrasco todo se paró. En 2015, la junta de compensación solicitó la prórroga para «el cumplimiento de los deberes urbanísticos». Se le concedió, pero la normativa dejó especificado que en seis años tendría que estar ejecutada la urbanización y, en ocho años, el resto de los «deberes urbanísticos». El primer plazo venció el 10 de noviembre de 2023 y el segundo lo hará en un mes. Para promoverlo de nuevo, tendrían que empezar casi de cero, con el consiguiente tiempo perdido. Desde 2015, ninguno de los equipos de gobierno provinciales ha hecho otra cosa que dejar que caducara. Ahora, al lado, venden una finca.