UPL acusa al gobierno de Diez de aprobar facturas de suministros hinchadas un 35% en el Ayuntamiento de León
Los leonesistas avisan de que irán a Fiscalía si no se dan las oportunas explicaciones por parte del PSOE
Los concejales de UPL Isidro Ferrero, Eduardo López Sendino y María Teresa Fernández, este jueves durante la rueda de prensa.
Después de meses de sucesivos expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito, parte de ellos aprobados por el PSOE con el reparo del interventor, UPL alertó este jueves de la existencia de “claras irregularidades” en la compra de suministros sin expediente de contratación y exigieron la inmediata dimisión del concejal de Hacienda”, Carmelo Alonso.
"Si no hay una explicación nos planteamos acudir a Fiscalía por presunta malversación de fondos públicos”, advirtió el portavoz leonesista, Eduardo López Sendino.
El líder municipal de UPL incidió en la repetición de facturas a una concreta “empresa de recambios” de piezas para los automóviles, en las que las facturas “están engordadas entre un 30 y un 40% sobre los precios que se cobran a los talleres”. “¿Por qué esos precios están engordados, qué es lo que pasa ahí y quién es el que compra irracionalmente directamente a ese taller sin solicitar esos descuentos?”, planteó López Sendino, quien afinó que la firma aludida es Radiadores Palacios, cuyos responsables matizaron después que han "no existe ninguna connivencia", han "vendido a esta corporación y las anteriores, de este y otros ayuntamientos" y facturan "de acuerdo a un contrato marco con los mismos precios para todos".
El concejal de UPL insistió en la responsabilidad del concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, quien “autoriza estas estas facturas que después lleva a pleno, pretendiendo que se apruebe ese gasto municipal”. El edil recordó que su grupo ha votado en contra y resaltó que, en estos expedientes figura el “reparo del interventor”, quien advierte de que esos gastos “requerían la tramitación de un expediente de contratación”, con la consiguiente “publicación en el perfil del contratante a efectos de publicidad y la oportuna transparencia”.
Entre estos gastos, López Sendino detalló que, entre 2022 y 2023, de acuerdo a las facturas llevadas al pleno de abril de 2025, se compraron “41 facturas”, cuando hay “32 vehículos industriales y 41 normales”. “Que me expliquen a ver cómo se puede en dos años gastar 41 baterías”, recalcó el portavoz leonesista, quien especificó que se trata de gastos del servicio de limpieza, donde el concejal responsable en el anterior mandato fue Luis Miguel García Copete, mientras que en el actual es Jon Ander Fernández.
López Sendino detalló que cada una de las baterías industriales “se cobró a 328,77 euros”, cuando “a un taller que ha pedido una sola le cobran 210,72 euros para la misma referencia”. No fue el único ejemplo que puso el concejal, quien abundó en que “por una batería de moto se facturan 162,37, cuando se encuentran entre 64 y 90 euros”. En suma, solo en estos dos últimos expedientes, a la misma empresa se le han pagado “17.128,4 euros por un lado y 51.149 euros por otro”, reseñó el edil leonesista, quien citó que, a otro proveedor, también entre 2022 y 2023, se le compraron 1.000 litros de carburante AdBlue a 2,66 euros el litro, pese a que “en el peor precio en esos años fue de un euro y ahora a 0,60 euros”.
Con estas cifras sobre la mesa, el líder de UPL reclamó que “se depuren responsabilidades sobre por qué no se han hecho expediente de contratación y siempre es la misma empresa, por qué esos precios están engordados y quién compra sin solicitar descuentos”. “Es muy grave que se dilapide dinero público con compras absolutamente demenciales a precios muy superiores”, declaró.
El portavoz de los leonesista expuso su petición al alcalde, José Antonio Diez, para que dé “las explicaciones oportunas” y repitió su exigencia de que conlleve “la dimisión inmediata del concejal de Hacienda, que es la última persona que debe de supervisar este gasto y que ha incumplido sistemáticamente la obligación de tramitar de tramitar expedientes de contratación”. “Si no hay una respuesta razonable y adecuada nos planteamos efectivamente acudir a la Fiscalía por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, cohecho e incluso cualquier otro delito que pueda derivarse como consecuencia de estas irregularidades”, resumió.