El fracaso de la gestión del consorcio del polígono industrial de León aboca a su disolución

Abandonado al funcionamiento por inercia, sin inversiones, ni mejoras en el recinto, ni prestación adecuada de los servicios, ni siquiera promoción de las parcelas que quedan libres pese al intereses de empresas por ubicarse, el consorcio del polígono industrial de León se disolverá. Si en enero de 2022 la primera maniobra para romperlo la comandó el ayuntamiento de la capital leonesa, que tendría que haber liderado su promoción, pero hace años que la abandonó, ahora el paso adelante para instar a su desmantelamiento lo da Onzonilla, segunda de las administraciones que componen el órgano, en el que ocupa el tercer asiento el consistorio de Santovenia de la Valdoncina. Las tres partes coinciden en que no funciona. Pero falta que pacten cómo resolver la extinción y el reparto de responsabilidades para la prestación de los servicios a las empresas.

La sentencia de disolución es clara. El Ayuntamiento de Onzonilla, que tiene el 60% del suelo del polígono, donde León no llega al 20% y Santovenia de la Valdoncina ocupa el resto, defiende que la actual fórmula de gestión no cumple con sus «aspiraciones por cuanto no se ven satisfechos los intereses municipales», como se recoge en el acuerdo plenario que adoptaron por unanimidad PP, PSOE y UPL. La decisión se trasladó al último consejo de administración del consorcio del polígono industrial, donde el presidente del órgano, el regidor de la capital, José Antonio Diez, encargó al interventor que redacte «un informe previo a la iniciación de los trámites de disolución y extinción».

El documento ya lo tienen los tres socios, que prevén reunirse el 12 de enero para avanzar en el acuerdo. El informe del interventor aboga por la utilización de la «mancomunidad de interés general (MIG) de León y Alfoz, con las oportunas adaptaciones», para poder «residenciar las competencias y funciones que actualmente asume el consorcio». Este ente asumiría las funciones de mantenimiento del polígono industrial y la promoción del suelo, la empresa mixta Aguas de León mantendría el control del abastecimiento y el alcantarillado y cada uno de los ayuntamientos prestaría, dentro de los terrenos de su titularidad, los servicios de alumbrado público y de limpieza viaria y recogida de basura.

El plan abunda en que los tres ayuntamientos deben «delegar en la mancomunidad de interés general las competencias de conservación de la travesía de la N-630 y promoción industrial». «Los acuerdos en el seno de la MIG y la financiación de las obras serían únicamente competencia de los tres ayuntamientos, se apostilla en el informe, en el que se abunda en que de esta manera podrán «acceder a las subvenciones que la Junta concede a estas mancomunidades tanto para sendas peatonales, ciclables, como para la adquisición de maquinaria y utillaje, señalética, contenedores de residuos, conservación de viales…».

Onzonilla defiende su capacidad para vender por su cuenta las parcelas de suelo dentro de su término municipal que siguen paradas

Aunque este planteamiento inicial choca con la intención mostrada por Onzonilla en su acuerdo plenario. El ayuntamiento del área metropolitana defiende su capacidad para vender por su cuenta parcelas para la instalación de negocios, tanto en el caso de las que tiene cedidas al consorcio en la actualidad como las otras dos, de cerca de 10.000 metros cuadrados cada una, que siguen adscritas al consistorio. Después de años sin que el ente las haya vendido pese a la demanda, los responsables municipales del alfoz apuestan por buscarles una salida que les genere ingresos y, sobre todo, atraiga empresas.

El plan aboga por que las competencias del mantenimiento de infraestructuras y la promoción del suelo se mancomunen

El informe elaborado por el interventor especifica que, «durante el periodo de tiempo que dure el proceso de transferencia de competencias y recursos», el consorcio del polígono industrial adoptará «los acuerdos necesarios para poner solución a los problemas más perentorios, con el fin de facilitar su cesión, en concreto los relativos al servicio de agua y la conservación de la travesía de la N-630». «Se utilizará para ello los recursos presupuestarios disponibles hasta el total agotamiento de su saldo», como se anota en el plan para aclarar cuál será el destino de los cerca de 700.000 euros que hay guardados y sin uso en la caja del ente.