El Común alerta de la seguridad laboral de las piscinas municipales de León

Los más de 9.000 euros en multas de Sanidad por irregularidades graves, las quejas de los usuarios auqejados de vómotos, mareos y escozor de ojos y las denuncias de los trabajadores por las deficiencias de las piscinas cubiertas municipales del Hispánico, La Palomera y Salvio Barrioluengo del Ejido las refrenda ahora el Procurador del Común. El organismo dirigido por Tomás Quintana reclama al Ayuntamiento de León que «proceda a realizar las actuaciones a que se refiere el informe de la técnico del área de Seguridad y Salud Laboral», en las que se detallan las medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores.

La resolución cierra más de dos años de reclamaciones en los que el Ayuntamiento de León dejó correr el tiempo. La intervención de la procuraduría atiende las quejas recibidas en mayo de 2024, avaladas por informes de los técnicos de prevebción y riesgos laborales firmados en mayo de 2023, en los que se advertía de se había puesto «en peligro la salud de los usuarios, cursillistas, deportistas y trabajadores (socorristas y monitores) por un incumplimiento de la normativa de piscinas, y por no seguir las recomendaciones» técnicas para subsanar las deficiencias.

Los informes reseñaban que el Ayuntamiento de León debía «adoptar medidas correctoras específicas en las diferentes áreas de trabajo que han sido evaluadas, bien mediante la mejora de las condiciones ambientales, instalando o regulando los sistemas de climatización/ventilación que impliquen la reducción de la temperatura o, si no es posible, mediante la organización del trabajo que implica el descanso de los trabajadores de 10 minutos cada hora en un lugar donde las condiciones termohigrométricas están comprendidas entre los valores reglamentarios». Los documentos advertían además de la necesidad de «establecer programas periódicos de mantenimiento de las instalaciones de ventilación» y «crear corrientes de aire que renueven el aire y no meramente abrir una ventana».

El trámite de informes no lo contestó el Ayuntamiento de León hasta el 7 de mayo de 2025, casi un año después de que se le reclamara por primera vez y tras otros dos requerimientos. Más rápidas se mostraron las Consejerías de Sanidad y de Industria, Comercio y Empleo, que facilitaron los informes emitidos por los técnicos. Con todo la documentación, el Procurador del Común insta al consistorio a tener «en cuenta que los trabajadores tienen derecho a su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales, así como a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo». Como apostilla, el organismo dirigido por Quintana avisa de que «el incumplimiento de las normas legales y reglamentarias en materia de prevención de riesgos laborales puede dar lugar a responsabilidad patrimonial».

La parte dispositiva se remite a los párarafos de los informes técnicos en los que se recuerda al Ayuntamiento de León que, «para conseguir una reducción de los niveles de exposición al ruido de los trabajadores, así como una mejora de las condiciones termohigrométricas», tendrá que «formalizar contratos de mantenimiento de las instalaciones de climatización y deshumectación que no impliquen solo un mantenimiento correctivo sino que conlleven un mantenimiento preventivo de todas las instalaciones de climatización, donde se incluya el cambio de filtros, así como limpieza de los conductos». Para lograrlo, plantea que se valore «la posibilidad de situar a los socorristas en habitáculos cerrados».