Nuevo varapalo al Ayuntamiento de León por la tasa de basura: el TSJ le obliga a devolver 5,1 M€ a los ciudadanos
- El Alto Tribunal anula ahora también la ordenanza de tratamiento de 2024, tras haberlo hecho con la de 2025, y no podrá cobrar estos recibos ni en 2025, ni en 2026, con lo que dejará de cobrar 10,2 millones más
El servicio de limpieza y recogida de basura suma otra polémica.
Por si no hubiera sido suficiente la anulación de la tasa de recogida y tratamiento de basura de 2025, ahora el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declara nula de pleno derecho la ordenanza de tratamiento de 2024 del Ayuntamiento de León. El fallo, que admite recurso ante el Supremo, deja sin sustento el cobro de los 38 euros por recibo que había paado por este nuevo tributo, que antes gestionaba Gersul.
Como consecuencia, el consistorio tendría no sólo que devolver los 5,1 millones de euros que figuraban como ningresos previstos, sino que tampoco podrá girar los recibos de 2025, ni de 2026, que suman 10,2 millones más. No es el único defecto que advierten los magistrados del TSJ, que además inciden en que carece del "informe de impacto de género".
Pero la anulación de la tasa de tratamiento de basura de 2024 no sólo generará un agujero en la previsión de ingresos del Ayuntamiento de León, sino que afectará a los gastos también. La administración municipal se quedará sin poder cobrar la tasa, pero además deberá pagar a la Diputación por el uso del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega. Esta obligación le hizo desembolsar 4.280.541,02 euros por los desechos entregados en 2024 y la factura por 2025 será un poco mayor, como se recoge en la estimación adelantada por los servicios económicos, que calculan que en este 2026 se mantendrá. Los fondos, sin sustento legal para poder reclamar el desembolso de los recibos a los vecinos, deberá salir de recursos propios del consistorio que se perderán para otros proyectos, inversiones y prestación de servicios.
La sentencia, notificada este miércoles, declara la nulidad de pleno derecho debido a que la ordenanza no demuestra la equivalencia entre el coste y lo que se repercute en los ciudadanos. No se cumple con esta máxima en la ordenanza promovida por el equipo de gobierno de José Antonio Diez, que decidió fijar un coste lineal a cada vivienda de 38 euros, mientras que en los comercios llegaban a 4.000 euros, en industrias a 3.000 euros y en oficinas a 1.998,8 euros, sin atender a ningún criterio. No es el único defecto que advierten los magistrados del TSJ, que además inciden en que carece del "informe de impacto de género".
El fallo redondea el despropósito que ha marcado la gestión de esta nueva tasa de tratamiento de la basura que antes controlaba la Diputación a través del consorcio de Gersul. El Ayuntamiento de León se hizo cargo a partir de 2024, pero dejó correr todo el ejercicio sin notificar con acuse de recibo el cobro, como exige la ley para el primer ejercicio fiscal de cada tributo. Para redondearlo, el gobierno de Diez aprobó una nueva ordenanza para 2025 en la que unificaba las dos anteriores: la de recogida de basura y la de tratamiento, en la que se recogía que la anterior quedaba derogada con efectos de 31 de diciembre de 2024.
El resultado de esta sucesión de ordenanzas provocó que Intervención municipal advirtiera de que “la liquidación retroactiva de cuotas tributarias (tasas) en 2025, respecto de un hecho imponible realizado en 2024», que no fue notificado con acuse de recibo en su momento, y «cuya ordenanza fiscal ha sido derogada con efectos de 31/12/2024, no se ajusta a derecho». Pese a que el gobierno de Diez, con el concejal de Hacienda Carmelo Alonso a la cabeza, defendieron que sí se podía, la presentación de los recursos judiciales provocó la inestabilidad en el Ayuntamiento de León.
Sin haber empezado a notificar los recibos, salvo en los casos de los apenas 7.000 que se dieron por enterados en la sede electrónica, el gobierno municipal se encontró de carambola con una solución. El TSJ anuló la nueva tasa que aunaba la recogida y el tratamiento de residuos de 2025 y, de facto, el fallo provocaba que volvieran a entrar en vigor las ordenanzas anteriores de 2024, donde los tributos iban por separados. El rebote hizo que el Ayuntamiento de León renunciara a recurrir al Supremo, acatase el fallo y se conformara con cobrar conforme a las ordenanzas de las tasas separadas anteriores.
Pero, en lugar de optar por la cautela, como propusieron los técnicos, el gobierno municipal optó por pasar al cobro el recibo de tratamiento de la basura de 2024, sin esperar a que se resolviera el recurso presentado por un particular. Las cartas con acuse de recibo empezaron a llegar a los domicilios de los vecinos y a las empresas: en total, 85.586 unidades urbanas. La respuesta la tuvieron que sufrir los trabajadores municipales, con colas por el caos provocado ante la falta de información y la presentación de recursos administrativos.
Ahora, el TSJ respalda de nuevo las reclamaciones ciudadanas que el equipo de Diez desoyó. La consecuencia pasa por tener que devolver los 38 euros del recibo, con independencia de que los ciudadanos presentaran el recurso, salvo que el Ayuntamiento decida seguir adelante y presentar recurso de casación ante el Supremo. El PSOE ya lo hizo con el IBI en 2008 y, cuatro años después, se confirmó la sentencia del TSJ que anulaba la ordenanza fiscal y obligaba a retornar los 8,4 millones de euros ingresados.