La Unión del Pueblo Leonés acaparó la atención política en el Pleno municipal de León al votar contra del convenio firmado entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León para la constitución del futuro Consorcio de Transporte Metropolitano del área funcional. El voto en contra de UPL se ha cimentado en que consideran que el texto «carece del consenso necesario, excluye a los municipios del alfoz y podría vulnerar la normativa europea sobre concesiones de transporte». El pleno municipal ha aprobado el convenio con los votos favorables de PSOE, PP, Vox y el concejal no adscrito, mientras que UPL ha sido la única formación que se ha posicionado en contra del acuerdo, cuyo objetivo es avanzar hacia un modelo coordinado entre los autobuses urbanos y metropolitanos en un plazo estimado de dos años. El apoyo del PP al asunto llevó al portavoz de UPL a describirlo como un «auténtico contubernio entre los dos grandes partidos». En la réplica, el alcalde de León dijo no entender el rechazo porque «el convenio beneficia a los ayuntamientos del alfoz que gobierna la propia UPL». Eduardo López Sendino, ha justificado su rechazo en que ni la Mancomunidad de Interés General (MIG) ni los ayuntamientos del alfoz —San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Sariegos y Valverde de la Virgen— han sido consultados ni informados del convenio, pese a ser «los principales afectados».
La formación leonesista sostiene que esta ausencia de diálogo implica que el documento «adolece totalmente del debido consenso» y se firma «a espaldas de los municipios implicados».
UPL ha alertado además de que el convenio supone, en la práctica, mantener prorrogado durante dos años el actual contrato de transporte urbano con Alsa, cuya vigencia ya fue ampliada previamente durante la pandemia.
Sendino ha señalado que esta extensión puede contravenir las recomendaciones de la Comisión Europea y sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 2019 y 2025, que desaconsejan prórrogas sin licitación salvo en casos de circunstancias imprevisibles, condición que «no se cumple en este caso». El portavoz ha recordado que el alcalde, José Antonio Diez, calificó ese contrato como «el peor de España», y ha lamentado que «se siga beneficiando a una empresa privada en perjuicio de los ciudadanos y de las arcas públicas».
Desde el equipo de gobierno, el PSOE ha defendido que el convenio «sienta las bases» para dar solución a un «problema recurrente» en la movilidad de León y permitirá racionalizar líneas, evitar duplicidades y avanzar hacia un servicio «más accesible, moderno y eficiente». El alcalde aseguró que los ayuntamientos del alfoz «no han transmitido oposición alguna».
León deja de ser una excepción por la falta de ordenanza de taxis
El pleno del Ayuntamiento de León aprobó la nueva ordenanza reguladora del servicio de taxis, que ha contado con el apoyo de todos los grupos de la oposición, incluido el PP, tras la inclusión de las enmiendas que presentó a la norma.
Diez ha recordado que León es una de las pocas ciudades del país que no contaba no una normativa reguladora del taxi, a la vez que ha alabado la colaboración de todos los grupos políticos y el trabajo de los técnicos para no demorar más un expediente que «lleva años esperando».
La nueva norma incluirá la limitación jurídica para evitar la concentración empresarial en el servicio de taxis, preservando el carácter personal de cada licencia; además se prevé realizar un informe técnico que avale la demanda, rentabilidad y explotación del servicio para valorar la concesión de nuevas licencias.
A este respecto, el alcalde ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de incrementar las licencias ante las reiteradas quejas de los últimos años de falta de atención del servicio en determinados puntos y paradas de taxis de la ciudad. Una de las enmiendas a la normativa aprobada inicialmente también incluye modalidades del servicio de taxi que sin ser rentables cumplan una función social, como es el caso de los vehículos adaptados que dan servicio a personas con discapacidad. Desde el equipo de Gobierno se destacó la labor y el trabajo realizado por los técnicos para elaborar y fijar las condiciones de las normas que desde ahora regirán el servicio de taxis en la capital leonesa, con la creación de nuevas licencias.
Pleno dividido por Alférez Provisional y Pilotos Regueral
El cambio de nombre de dos calles de León para atender a la ley d ela memoria histórica también puso en la balanza las fuerzas internas del Ayuntamienbto de León. El trámite del giro de las placas de Pilotos Regueral y Alférez Provisional a calle de los Muesos y Reina Elvira Menéndez se allanó con el voto a favor del PSOE, la UPL y el no adscrito Idelfonso del Fueyo (que fue elegido concejal en una lista de Vox). El PP se abstuvo e hizo referencia a la motivación del cambio en un informe, del que se puestionó la imparcialidad, en el que participó una concejala socialista. Más aguda fue Blanca Herreros, concejala de Vox, que cuestionó la medida por la carga ideológica, la normativa que apoyaron «los herederos de la Eta y los independentintas catalanes» y el perjuicio que causará a los vecinos «que dicen que son más de un centenar poero no termina de concretar si son 113 o 193», cuestionó la concejala.
Subida salarial a los funcionarios y prórroga a las cuentas de 2025
Entre los puntos del día, algunas cuestiones relevantes a pesar de pasar desapercibida en el debate; la prórroga del presupuesto municipal, con 162 millones previstos en ingresos y 147 millones en el capítulo de gastos. El pleno sancionó el decreto del alcalde por el que las cuentas en vigor pasan al siguiente ejercicio, con el beneplácito previo de los informes de la intervención municipal y sujetos a la norma de estabilidad presupuestaria. En otro episodio del debate, salió a colación el asunto. «La ley hay que cumplirla», dijo el portavoz del PSOE en torno al cambio del nombre de calles. «La ley también dice que hay que aprobar el presupuesto», replicó el portavoz del PP. Más discreta fue la aprobación de dos subidas de sueldo a los funcionarios: una de 2,5% y otra de 1,5% que se aplican ya desde el pasado 1 de enero. y que tienen también entre los beneficiarios al personal no laboral del Ayuntamiento de León.
