Diario de León

El inmueble, lleno de amianto, ratas y okupado, ha sufrido varios incendios

El Ayuntamiento de León estrena en Bodegas Armando la acción de venta forzosa

El consistorio aprueba después de casi 25 años de quejas el procedimiento para expropiarlas

El edificio ha vuelto a ser okupado.

El edificio ha vuelto a ser okupado.virginia morán

Álvaro Caballero
León

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Cuando van para 25 años desde que los vecinos levantaron la voz para alertar del abandono y la dejadez de las antiguas Bodegas Armando, el Ayuntamiento de León aprobó este martes el proceso para solucionar el problema que amenaza la salud de los más de 400 habitantes del entorno del número 5 del paseo de Salamanca. Después de haber cursado más de 10 multas coercitivas a los propietarios por mantener el inmueble en estado de ruina, lleno de ratas, con el amianto al aire y las puertas desportilladas para la entrada de okupas que han provocado ya varios incendios, el consistorio de la capital estrenará la herramienta que habilita la Ley autonómica de Urbanismo: el procedimiento de venta forzosa.

La salida invocada por el Ayuntamiento de León por primera vez en la historia abre un calendario de ejecución que estima en un año y medio la resolución del problema. Para el segundo semestre de 2027, la administración municipal espera haber completado el procedimiento que se abre después de que se hayan incumplido «los plazos señalados en la declaración de ruina para llevar a cabo las obras de conservación o rehabilitación del inmueble», como se reseña en la normativa. Ahora, de acuerdo a la ley, «se dará un plazo de audiencia a los propietarios, no inferior a un mes, y si durante el mismo estos garantizan el cumplimiento de sus deberes urbanísticos, procederá el archivo del procedimiento».

Si no lo hacen, como ha sucedido hasta el momento, la administración «dictará una resolución mediante la que se declare el incumplimiento y se acuerde la aplicación del régimen de venta forzosa» y convocará «inmediatamente un concurso para su adjudicación». «El acuerdo implicará la imposibilidad para los propietarios de proseguir el proceso urbanizador y edificatorio, así como la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación a efectos expropiatorios», se expone en la ley.

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