El Supremo elude los recursos del cártel de camiones
Recomienda acudir a la mediación para resolver casos masa; el problema afectó a casi 1.000 leoneses

Camiones formando cola en una carretera de León.
Alrededor de un centenar de leoneses aguardan las resoluciones judiciales sobre el denominado cártel de los camiones, que fijó multas milllonarias para las marcas de vehículos pesados que pactaron un sobreprecio conjunto para mejorar sus beneficios en las ventas, después de eliminar la libre competencia. Descubierta la trama, se establecen ahora indemnizaciones para los compradores, que deben exigir las compensaciones por vía judicial, no obstante. En todo el desarrollo del procedimiento, más de mil personas han sufrido en la provincia las consecuencias de estas prácticas, reconocidas como ilegales por la justicia.
La novedad radica en que el Tribunal Supremo, vista la aglomeración de asuntos que llegan a Madrid por vía civil, ha determinado la recomendación de acudir a la vía de la mediación para solventar los procedimientos masa. Se trata de aligerar la nómina de litigios.
La Sala determina la necesidad de impulsar la derivación a mediación de los recursos relacionados con el «derecho privado de la competencia en el ámbito del cártel de los camiones», una materia en la que permanecen en tramitación más de 4.000 recursos en toda España.
Las cuestiones jurídicas fundamentales ya han sido resueltas, por lo que el tribunal viene aplicando reiteradamente la misma doctrina a cada caso concreto. «Aunque no se descarta la aparición de alguna cuestión novedosa, se consideran ya absolutamente marginales», señala en un comunicado el Consejo General de la Abogacía Española.
La medida encuentra respaldo en la Ley de Eficiencia, que pretende potenciar los mecanismos orientados a potenciar la capacidad negociadora de las partes incluso a conflictos judicializados antes de su entrada en vigor.
El problema radica en que la demora en la fijación de criterios jurisprudenciales genera, además, un efecto multiplicador de la litigiosidad, «ya que la falta de una respuesta clara del alto tribunal impide dotar de certeza a los órganos de primera y segunda instancia».
El Tribunal Supremo calcula que el 60% de los recursos en tramitación actualmente responde a la denominada litigación masiva, especialmente en materias como derecho bancario, condiciones generales de la contratación y el propio cártel de los camiones.