La mitad del trabajo del año pasado en los juzgados de León está aún pendiente de resolver

La operatividad del nuevo sistema de Tribunal de Instancia que preside los antiguos juzgados de León, se pondrá a prueba este año con la base de las cifras del ejercicio anterior, que fueron hechas públicas anteayer por el Consejo General del Poder Judicial. León ingresó en sus órganos judiciales 60.901 asuntos el año pasado y terminó a 31 de diciembre con 32.182 pendientes. Hay 48 profesionales dedicados a dictar sentencias en la actualidad, a la espera de que se incorporen cuatro más con los refuerzos pactados recientemente.

Los datos de la actividad de los órganos judiciales durante el pasado año están incluidos en el informe sobre la Situación de los órganos judiciales, elaborado por la Sección de Estadística y hecho público estos días por el Consejo General del Poder Judicial, que muestra cómo el número de nuevos asuntos se redujo en 2025 a nivel nacional en todos los órdenes jurisdiccionales a excepción del Penal. La radiografía de los órganos judiciales de la provincia es bastante esclarecedora. Las secciones de Primera Instancia se llevan el grueso del trabajo con 21.436 asuntos recibidos a lo largo del año, seguidos por los antiguos juzgados de Instrucción, que generaron 15.546 carpetas en el devenir del ejercicio natural. Los juzgados de lo Social son el tercer orden en el escalafón con 4.751 temas ingresados en el registro. En el apartado de temas pendientes, la palma se la llevan también los juzgados de Primera Instancia con 11.063 ciudadanos, esperando resolución de sus casos. Los de carácter penal en instrucción son 6.545 y los de las competencias relacionados con los asuntos sociales son 2.894. La fotografía de los términos absolutos se completa con la proporción relativa. El trabajo que llegó a los profesionales togados descendió un 7,9 % pero la capacidad de resolución de magistrados y jueces solamente aumentó un 0,5 %, a pesar de que a lo largo del desarrollo del año se habían registrado cifras bastante más decorosas. La tasa de pendencia, uno de los mejores barómetros para conocer como está la situación, se reduce exponencialmente a final de año. El registro del cómputo global es el más exacto, según los expertos y arroja un resultado esclarecedor: habría que cerrar los juzgados de la provincia durante cinco meses y mantener al personal trabajando al mismo ritmo para acabar con los remanentes que todavía penden en compás de espera.

RESOLUCIÓN

La tasa de resolución es el cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados en el cómputo anual. Pone en relación el volumen de asuntos ingresados con la capacidad de resolutiva. Un órgano judicial está el mejor situación cuanto mayor sea su tasa de resolución y si es mayor que 1 indica que se están resolviendo más asuntos de lo que ingresa. En el caso de León, esta tasa es de 1,02.

A nivel nacional, se recibieron durante 2025 un 3,2 % menos asuntos que el año anterior al haberse registrado un total de 7.550.806. La capacidad de resolución de los tribunales creció y el total de asuntos resueltos (7.437.033) experimentó un incremento interanual del 2%. Pese a ello, los asuntos que quedaron en trámite a 31 de diciembre (4.673.596) aumentaron un 3,4%. En el orden Civil, los órganos judiciales registraron 3.287.980 asuntos en 2025, lo que equivale a un descenso del 7,7 % respecto al año anterior. En esta jurisdicción, la capacidad de resolución se incrementó un 4,9 % respecto al año anterior, con un total de 3.308.215 asuntos resueltos. Por último, la pendencia se mantuvo estable al quedar en trámite 2.672.464 asuntos, un 0,6 % menos que en 2024.

INCREMENTO

Con un incremento interanual del 1,4 por ciento, la jurisdicción Penal fue la única en la que el número de nuevos asuntos (3.550.118) superó al de 2024. Los resueltos durante el pasado ejercicio sumaron 3.451.206, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior, mientras que los que quedaron en trámite, 1.255.950, experimentaron un crecimiento del 11,7%.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa, la entrada de 198.961 nuevos asuntos supuso un descenso del 4,2%. También disminuyeron (un 1,7 %), los asuntos resueltos, que sumaron 212.680. En este orden jurisdiccional la pendencia se redujo, siendo los 219.492 asuntos que quedaron en trámite un 2,7 % menos que en el ejercicio anterior. El ingreso de 513.628 nuevos asuntos en la jurisdicción Social supuso un decremento del 2,8 % respecto a 2024. El número de asuntos resueltos se redujo en un 1 % respecto al año anterior al alcanzar la cifra de 464.827, mientras que los que quedaron en trámite al final del año fueron 525.652, un 9,4 % más. La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en 2025 fue de 153,70 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (202,06); Madrid (166,46); Asturias (162,42); Baleares (160,04); Cataluña (159,56); Andalucía (158,15) y Murcia (156,33). El Pleno del Consejo General del Poder Judicial también acordó iniciar los trámites para regular la protección de la salud de los/as jueces/zas y magistrados/as mediante la inclusión en el Reglamento de la Carrera Judicial de medidas como la creación de un servicio especializado en salud judicial, el establecimiento de canales directos de comunicación y participación con la Carrera Judicial, la definición de indicadores de rendimiento saludable y la habilitación de mecanismos específicos de información, formación y transparencia. Se considera que la salud de los magistrados es un elemento esencial de la independencia judicial. Será sometido a la opinión de las asociaciones.