Regularización de migrantes: cuando también se hace negocio con la miseria
Aparecen en León casos de extorsión a migrantes protagonizados por sus propios compatriotas, en otra vuelta de tuerca
Las colas han sido una constante esta semana en el Ayuntamiento.
Al calor de la necesidad, también surge negocio. Y a veces de las formas más insospechadas. La picaresca que había aparecido amparada por las posibilidades que ofrece el proceso de regularización que acaba de iniciarse para cerca de 3.000 inmigrantes residentes a la provincia de León ya no solamente atrae a las mafias extranjeras y está empezando a promover un mercado negro en el que los propios migrantes tratan de hacer negocio con sus iguales. Una muestra más de la miseria misma, en franca oposición con la grandeza del ser humano tantas veces pregonada.
Organismos no oficiales relacionados con la solidaridad han alertado estos días a este periódico de la aparición de casos que revelan como por encima de la gratitud, el apartado de lo material prima por encima de todo. Un súbdito colombiano se presentó en una conocida institución de la capital para consultar si la exigencia de otro ciudadano colombiano de cobrarle 700 euros para facilitarle su domicilio como sede para un posible empadronamiento era legal.
La víctima ya era «gato escaldado». Tenía una experiencia previa en Alicante, donde hay migrantes que cobran una especie de alquiler ficticio de 150 € al mes por prestar soporte documental a las necesidades que se abren ahora con la nueva oferta de regularización. La Comunidad Valenciana suele ser más descarnada en este tipo de formas de proceder.
La Policía Nacional también trabaja con la ciberdelincuencia. Determinadas páginas web que han empezado a extenderse en la comarca del Bierzo, ofrecen la posibilidad de conseguir un falso certificado de antecedentes penales, que a la vista de las complicaciones que comporta conseguir el verdadero, por la saturación que padece el servicio, está abriendo un mercado de posibilidades que no se determina bien. Porque como sucede con todos estos asuntos, las imitaciones contienen errores de bulto y el migrante que presenta este documento, no solo se enfrenta a la imposibilidad de no completar el procedimiento, sino que además se expone a una posible denuncia por falsedad documental.
LOS GESTORES ADMINISTRATIVOS
El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de León ha alertado también de la existencia de falsas citas para la tramitación del procedimiento y advierten de que solamente se pueden conseguir por los cauces oficiales. «Queremos ser parte de la solución», recalcan los profesionales de este sector.
La mayor parte de los fraudes están relacionados con las circunstancias de vulnerabilidad que hay que alegar para poder soportar la propuesta de regularización. Aislamiento social o exclusión, vivienda en situación de precariedad, menores a cargo, carencia de ingresos o riesgo de exclusión económica, dificultad de acceso a un empleo, situación familiar vulnerable, familias monoparentales o riesgo de abuso son algunos de los supuestos en los que se flexibilizan las condiciones que se exigen para conceder la documentación necesaria. Al amparo de todos estos epígrafes, surgen formas de delincuencia que se actualizan.
HOY, PRESENCIAL
La picaresca vive hoy una nueva jornada de imaginación y fraude. Este lunes es la primera jornada de tramitación presencial en la delegación de León de la Seguridad Social, en las Oficinas de Extranjería y en las dos sedes de Correos habilitadas al efecto en la capital, las de los Jardines de San Francisco y en la avenida del Doctor Fléming.
Hasta el día 30 de junio seguirán abiertas las citas para la tramitación de los expedientes de regularización.
Las personas que cumplan los requisitos podrán acceder a una autorización para residir y trabajar en España, con una vigencia inicial de un año, así como a un número de afiliación y tarjeta sanitaria. Posteriormente, podrán integrarse en las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería.
Entre las condiciones adicionales, los solicitantes deberán acreditar haber trabajado en España, contar con una unidad familiar determinada o justificar una situación de vulnerabilidad, como principales argumentos.