La consejería de Movilidad prepara la bonificación de hasta un 60% de las tarifas
La Junta actúa contra el peaje de la AP-71 ante la pasividad que ofrece el Gobierno
Sanchidrián anuncia la bonificación en la autopista León-Astorga a partir del próximo año
Zona del peaje en Villadangos.
La Junta de Castilla y León está dispuesta a aflojar la presión que ejerce el Gobierno de España con el peaje de la León-Astorga y programa ya las primeras ayudas para bonificar la circulación en esta autopista. Según detalló la consejera de Movilidad en las Cortes, el proceso de alivio para el bolsillo ciudadano se aplicará desde inicio de 2027. Se plantea bobificar hasta un 60% del coste a los usuarios que empadronados en el territorio de la autonomía, con un margen de entre 11 y 40 pasos mensuales bajo los arcos de pago. Además de la AP-71, los descuentos se programan para los peajes de la AP-6, y dos autopistas de Ávila y Segovia. Cristina Sanchidrián, consejera del área de Movilidad, avanzó los detalles de esta iniciativa, que contará con una dotación estimada de diez millones de euros en los Presupuestos Generales de la Junta para 2027, durante su comparecencia a petición propia para informar en el parlamento autonómico del programa de actuaciones de su departamento para esta legislatura. Sanchidrián recordó que esta medida, comprometida por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es una «solución» ante la «inacción» del Gobierno de España, que denunció tiene implantadas bonificaciones en otras autopistas estatales, o las ha liberalizado, y, en su opinión, «se olvida nuevamente» de Castilla y León. Esta gestión que emprende ahora la Junta para ayudar a los leoneses a soportar el yugo del Gobierno en la León-Astorga recupera aquel procedimiento administrativo que cerró hace ocho años con el Ministerio de Fomento, con Iñigo de la Serna, en el último ejecutivo de Rajoy, y ajustó el paso de camiones de la N-120 a la AP-71; acuerdo que quedó anulado por La Moncloa tras la moción de censura de 2018 y los sucesivos gobiernos socialistas. Las bonificaciones que iban a recibir los vehículos desviados del tramo de 32 kilómetros de la N-120 entre León y Astorga serían de un 75% cuando emplearan dispositivos de telepeaje y de un 71,23 % para el resto de vehículos pesados tipo 2. Con esta medida, diariamente, más de 700 vehículos de estas características dejarán de circular por la carretera convencional, con la consiguiente mejora en las condiciones de circulación y seguridad. Ese censo de beneficiados casi se ha triplicado en este tiempo, estos ocho años desde que el acuerdo quedó sepultado por decisión política. El crecimiento de los polígonos industriales que se acuestan al lado de la N-120 explican este despegue de cifras y actividad; la última incorporación al censo se le atribuye a la expansión del negocio logístico en Villadangos, con 200 camiones más diarios, que acercarán el censo al límite que puede soportar la nacional, entre líneas continuas, cepos de controles de velocidad y travesías urbanas que atormentan a los pueblos de este corredor jacobeo, por el que fluye casi toda la sangre que impulsa la fuerza de desarrollo económico y social de la provincia leonesa. El municipio de Valverde de La Virgen, uno de los más combativos contra este agravio que el Gobierno somete a la población leonesa; y a finales del pasado año llevó a Pleno la exigencia de liberar la autopista. La propuesta municipal persigue una solución urgente para aliviar el tramo de la N-120 que atraviesa el municipio, justificado en las cifras de tráfico, que revelan la magnitud del problema, y la elevada siniestralidad. La demanda no es nueva, por la necesidad de desviar el tráfico pesado a la autopista de peaje AP-71, a medio gas de demanda. Hace dos días, más de 20 alcaldes, empresarios y comercio, secundaron esta misma iniciativa convocados por el Foro del Manzanal.