UNIVERSIDAD FINANCIACIÓN
La Universidad de León aprueba un plan de sostenibilidad y reclama una mayor financiación
la rectora ha reiterado la necesidad de avanzar hacia un modelo de financiación plurianual que proporcione estabilidad, permita planificar con garantías el desarrollo de la institución y dé respuesta no solo a los gastos de personal, sino también a la docencia y la investigación

El pensador, ubicado en el Campus de Vegazana, es uno de los símbolos de la Universidad de León.
La Universidad de León (ULe)) ha aprobado el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional para reforzar el equilibrio económico de la institución mediante una gestión más eficiente de los recursos, el impulso de nuevas vías de ingresos y la reivindicación de una mayor financiación para afrontar con garantías los retos de los próximos años.
El documento, aprobado por mayoría por el Consejo de Gobierno celebrado este lunes, responde al compromiso del equipo rectoral de asegurar la sostenibilidad financiera de la Universidad sin afectar a la calidad de la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento ni al desarrollo de las infraestructuras estratégicas previstas.
Ese esfuerzo de responsabilidad y reorganización que asume la Universidad debe ir acompañado, según ha recordado la rectora Nuria González, de un compromiso equivalente por parte de la Junta de Castilla y León, mediante una financiación acorde con las necesidades reales de la Universidad, han informado este martes fuentes académicas.
En este sentido, la rectora ha reiterado la necesidad de avanzar hacia un modelo de financiación plurianual que proporcione estabilidad, permita planificar con garantías el desarrollo de la institución y dé respuesta no solo a los gastos de personal, sino también a la docencia y la investigación.
La elaboración del plan parte del análisis de la evolución económica de la Universidad durante los últimos años.
La existencia de un elevado remanente de tesorería llevó en su momento tanto al Consejo de Cuentas de Castilla y León como a la Junta a recomendar la corrección de esa situación de excesiva liquidez mediante una mayor ejecución de los recursos disponibles.
Como consecuencia de ese proceso, la Universidad incrementó progresivamente el gasto en ámbitos estratégicos como el personal, la actividad docente e investigadora, los programas de incentivación, la vida universitaria y otras actuaciones complementarias, como actividades culturales, becas e impulso a programas de empleabilidad y emprendimiento.
Una vez agotado el remanente, la Universidad pasó a afrontar una situación económico-financiera "ajustada", lo que hizo necesario adoptar un conjunto de medidas orientadas a recuperar el equilibrio económico y garantizar la sostenibilidad de la institución a medio y largo plazo.
Con ese objetivo nace el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional, concebido como una herramienta de planificación para corregir ese desequilibrio de forma gradual y asegurar la viabilidad financiera de la Universidad a medio y largo plazo.
Medidas de ingreso y ahorro
Entre las medidas destinadas a incrementar los ingresos figuran el impulso de nuevas titulaciones propias, el desarrollo de microcredenciales concebidas como itinerarios de acceso a los másteres oficiales de la ULe y el incremento, en un 50% durante los próximos tres años, del resto de formación no oficial.
Asimismo, el plan apuesta por reforzar la proyección internacional de la Universidad mediante nuevas iniciativas dirigidas a atraer estudiantado extranjero.
El documento contempla, además, la puesta en marcha de un programa de mecenazgo que permita fortalecer la colaboración con empresas e instituciones, así como la búsqueda de nuevas fuentes de financiación complementarias que contribuyan a reforzar la sostenibilidad económica de la Universidad, reforzando el papel de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (FGULEM).
En paralelo, el plan contempla medidas destinadas a optimizar el funcionamiento interno de la institución mediante la digitalización y automatización de procesos administrativos, la simplificación de procedimientos, actuaciones de ahorro energético, una revisión de los criterios de contratación pública y la racionalización de determinados servicios.