Transportes se persona en el expediente por la tasa de la autopista en obras
El Gobierno se entromete en el expediente a Aucalsa por el peaje
La medida descoloca al Principado, que teme que actúe a favor de la concesionaria
Ramales de acceso a la autopista desde La Magdalena.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha personado como «parte y persona interesada» en el expediente sancionador abierto por el Principado contra Aucalsa por mantener sus tarifas pese a las obras que dificultan el tráfico en la Autopista AP-66, que comunica Asturias y León. Tras esta decisión, la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, gestionada por IU, ha mostrado su sorpresa por una medida que evidencia, a su juicio, una falta de coordinación entre administraciones. Según el Gobierno asturiano, no esa medida no está claro si el Ministerio pretende «rescatar a los asturianos» o a la empresa que gestiona la autopista, al tiempo que ha advertido de la paradoja de que Transportes pueda acabar protegiendo a la concesionaria. El Servicio de Consumo estudiará la solicitud para determinar su procedencia y viabilidad legal antes de adoptar una decisión, que, según ha precisado la viceconsejera, se basará en criterios técnicos y estará ajustada a derecho. El Gobierno asturiano autorizó a finales de julio la tramitación de una multa de 1,1 millones de euros a Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista asturleones (AP-66), por una presunta infracción «muy grave» en materia de consumo, por cobrar todo el peaje sin prestar el servicio en toda su extensión, y por otra «grave» por una deficiente señalización de las obras. Por la mala señalización de los trabajos, que afectan a casi un 40 por ciento del recorrido, y no informar a los conductores de esa situación antes de coger la autopista, se plantea una multa de cien mil euros, mientras que por no ofrecer el servicio que debería darse se baraja otra de un millón de euros, cantidades que suponen la mayor sanción planteada hasta ahora en materia de consumo en Asturias. El Principado ha anuncio además un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que se declare nula la decisión adoptada en el año 2000 de prorrogar hasta 2050 el peaje de la autopista del Huerna y mantiene también abierta la puerta para llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Gobierno de Asturias fue el que exigió al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la suspensión o bonificación total del peaje de La Magdalena mientras persista la degradación de las condiciones ordinarias de prestación del servicio en la AP-66. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergenciasremitió una nueva comunicación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la que eleva su reclamación ante una situación que se prolonga desde hace meses y que seguirá agravándose, al menos hasta noviembre, por la acumulación de obras, incidencias y nuevas restricciones en la única vía de alta capacidad que comunica Asturias con León. El Principado considera que la sucesión de afectaciones a la circulación por trabajos de diferente naturaleza ha provocado un deterioro progresivo y continuado del servicio que hace inviable mantener las condiciones de pago por el uso de la autopista. El Ejecutivo autonómico no cuestiona la necesidad de ejecutar obras para garantizar la seguridad de la infraestructura, de las personas usuarias y de quienes trabajan en ella. Sin embargo, considera que esta circunstancia no puede impedir que se evalúen las consecuencias de los trabajos sobre la calidad del servicio, ni que se adopten medidas cuanto se ve deteriorado de forma prolongada.
Además, señala que las bonificaciones vigentes, aprobadas con anterioridad y para finalidades distintas, no responden a la situación actual.
Por todas estas razones, el Gobierno del Principado reclama una respuesta expresa y motivada, sustentada en un análisis técnico, jurídico y económico, así como la adopción de una medida extraordinaria vinculada a las condiciones reales de prestación del servicio. Esta nueva reclamación da continuidad a las actuaciones impulsadas durante los últimos meses ante una situación que continúa sin normalizarse.