La Junta sigue al pie de la letra la doctrina de Asturias con el peaje

El portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que la posición de la Junta es «coincidente» con la que tiene el Principado de Asturias en relación con la AP-66 y ha pedido que se proceda a la eliminación del peaje de una autopista que, además «no está en condiciones». «No sé si el hecho de que lo pidamos nosotros favorece que el ministro de Transportes nos pueda hacer algo de caso. El presidente de la Junta ha pedido una reunión con él, no hemos tenido la suerte de que nos reciba, tampoco nos invita a los actos institucionales. Estaría bien que, al menos, pudiera escuchar al Principado. Nosotros, en este caso, estamos del lado del Gobierno de Asturias», ha asegurado al ser preguntado por esta cuestión este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Carriedo ha afirmado que debe procederse a la eliminación de ese peaje en una autopista que «no está en las condiciones adecuadas que justifiquen ese cobro». El presidente del Principado, Adrián Barbón, mostró el sábado su malestar por la situación en la que se encuentra la asturleonesa, principal acceso entre Asturias y León, una vía que permaneció cortada varias horas hace una semana por un desprendimiento en uno de sus túneles. El Gobierno asturiano autorizó a finales de julio la tramitación de una multa de 1,1 millones de euros a la concesionaria Aucalsa por infracción «muy grave» en materia de consumo, por cobrar todo el peaje sin prestar el servicio en toda su extensión, y por otra «grave» por una deficiente señalización de las obras, un expediente en el que se ha personado el Ministerio de Transportes. Fernández Carriedo ha avanzado que la Junta estudiará la posibilidad de abrir un proceso similar de reclamación económica a la concesionaria de la autopista, aunque ha recordado que quien tiene la concesión con esta empresa es el gobierno, porque es una autopista de ámbito nacional. «Vamos a estudiar todas las formas y todas las fórmulas jurídicas para defender los intereses» en relación con el peaje y, por tanto, «si viéramos un cauce dentro de las capacidades competenciales de la Junta de Castilla y León para presentar un recurso, lo haríamos», ha dicho.