La plataforma de Feve busca a los culpables del vacío en la estación de Matallana
La asociación solicita apoyo de la ciudadanía para costear los procesos judiciales abiertos para salvar la conexión del tren en la capital leonesa
Una de las movilizaciones de la plataforma
En casi dos años de existencia la Plataforma en Defensa de Feve ha desarrollado una intensa actividad política, mediática y técnica: reuniones con todas las instituciones (salvo el Ministerio de Transportes), iniciativas legislativas (PNL y mociones) en el Senado, El movimiento por el retorno de la FEVE se ha convertido en el mayor movimiento social de nuestra comunidad y del noroeste español.
Según señala la propia Plataforma a través de un comunicado oficial emitido con motivo de esta situación, «el consenso es absoluto» y «los argumentos políticos, económicos y técnicos contra el tren-tram han sido sistemáticamente refutados». Asimismo, el colectivo denuncia que «hasta el momento no se ha logrado ningún avance» y manifiesta: «Ante la intransigencia del Ministerio y de sus acólitos en León, en estos días en que se cumplen 15 años sin servicio ferroviario en la ciudad de León, nos mostramos más determinados que nunca en buscar una solución sustituyéndonos a una clase política incompetente». En esta línea, sostienen que tienen «la obligación moral de amortizar los más de 40M€ invertidos hasta la fecha y de salvar a una línea cuya existencia depende de su llegada al centro de la ciudad».
En la nota informativa se detalla que la Plataforma ha iniciado desde principios de año una serie de procedimientos judiciales. En primer lugar, refieren «una querella en la Sección de lo penal del Tribunal de Instancia de Madrid por presunta desobediencia, prevaricación y falsedad documental contra una persona con cargo de director general del Ministerio de Transportes», un procedimiento que, según expresan, «ilustra las enormes trabas interpuestas por las administraciones a la hora de dar acceso a la ciudadanía, como es su derecho, a los distintos expedientes».
A esta acción suman «un recurso contencioso-administrativo en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Transportes por su inactividad en el cumplimiento del Convenio Marco de 2010», precisando que esta medida «se realiza en nombre y en sustitución de la parte afectada por dicho incumplimiento que es el Ayuntamiento de León». Sobre la actuación municipal, el comunicado subraya que «dicha entidad local, en 16 años no ha mostrado la más mínima disconformidad con el incumplimiento sistemático del Convenio, ha incumplido hasta fechas muy recientes las escasas obligaciones que le imponía el Convenio y, sobre todo, nunca ha reclamado el efectivo cumplimiento del mismo». De igual modo, apuntan que «por decisión de la Alcaldía el Ayuntamiento ha decidido no personarse en un procedimiento que se sigue en su beneficio incumpliendo con “la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos” (art. 68 de Ley 7/1985)».
Por otra parte, la organización informa de «un recurso contencioso-administrativo en la Sección de lo contencioso administrativo del Tribunal de Instancia de León contra el Ayuntamiento de León por su inactividad en su obligación de comunicar, a quien le sustituye procesalmente en la acción anterior, cuanta información obre en su poder en vista de la preparación de la demanda y para lograr, por la vía judicial, que el Ayuntamiento cumpla con su obligación de reclamar el cumplimiento del Convenio Marco de 2010». A este respecto aseveran que «el Ayuntamiento de León no sólo no ha defendido, como es su obligación, el cumplimiento del Convenio obligando a la ciudadanía a hacerlo en su lugar, sino que incumple las obligaciones que le marca la ley para que dicha sustitución pueda hacerse con las máximas garantías». Transcurridos casi cuatro meses desde la interposición del recurso, denuncian que la administración local «sigue incumpliendo los reiterados requerimientos del juzgado situándose las autoridades o funcionarios responsables de dichos incumplimientos en situación de desobediencia».
En la exposición de motivos de su texto, la Plataforma remarca que «se ha visto obligada a solicitar el amparo de la jurisdicción contencioso administrativa para el efectivo cumplimiento del Convenio Marco de 2010 (que debería ser renegociado por las administraciones involucradas en pro de adaptarse al contexto actual) y de la jurisdicción penal para que por primera vez desde 2010 se investigue a los culpables de esta situación», añadiendo que «se investigará la posible responsabilidad penal de la autoridad o funcionario del Ayuntamiento de León responsable de los incumplimientos mencionados».
Por último, el comunicado recuerda que la entidad «carece de recursos propios y su funcionamiento se basa en el trabajo altruista de sus componentes». Por este motivo, y «para abordar dichos procedimientos con las máximas garantías», la Plataforma realiza un llamamiento solicitando a la ciudadanía leonesa que «participe, en la medida de sus posibilidades, en la campaña de recaudación de fondos mediante donaciones» destinadas a la «ASOCIACION PLATAFORMA EN DEFENSA DEL FERROCARRIL DE VIA ESTRECHA DE LEON (FEVE)» a través de la cuenta IBAN ES22 2080 0924 2330 4000 4613 (código SWIFT/BIC: CAGLESMMXXX) o mediante Bizum a Jesús María C.G. en el teléfono 609901303.