La primera condena a Aucalsa a devolver el peaje alienta una avalancha de demandas en León

El descontento histórico de los conductores leoneses con la autopista AP-66 (León-Campomanes) acaba de encontrar una vía de escape en los tribunales. La reciente resolución judicial a favor de un usuario ovetense, —que obliga a la empresa concesionaria, Aucalsa, a devolver el importe íntegro del peaje abonado durante las obras de mantenimiento—, ha encendido la mecha en la provincia.

Las asociaciones de consumidores y bufetes leoneses prevén una cascada de demandas para exigir el reembolso del dinero a los miles de afectados que han soportado constantes restricciones de tráfico sin recibir ningun tipo de descuento o bonificación.

La sentencia alude a la prestación defectuosa de servicios en vías concesionadas y el deber de indemnizar cuando el contrato de peaje no garantiza la fluidez mínima prometida. El fallo deja claro que cobrar el 100% de la tarifa a un usuario que padece un servicio alterado es una práctica abusiva.

«El usuario abonó la tarifa de peaje para la utilización de una vía de gran capacidad concebida para garantizar una circulación fluida y en condiciones óptimas de seguridad. Habiéndose acreditado documentalmente la presencia de cortes de carril, desvíos y demoras sustanciales motivadas por los trabajos de mantenimiento en la vía, se deduce un claro incumplimiento en la prestación del servicio imputable a la empresa concesionaria».

También clarifica que «la imposición del pago íntegro de la tarifa en situaciones donde la capacidad y calidad de la circulación resultan notoriamente mermadas quebranta el principio de reciprocidad contractual. En consecuencia, procede la estimación del reembolso de los importes satisfechos al no haberse facilitado las condiciones de tránsito y servicio contratadas por el usuario».

El conflicto parte del calvario de obras que sufre la arteria principal entre la Meseta y el Cantábrico desde hace más de un año. Aunque las restricciones severas y los trabajos de modernización en los túneles arrancaron de lleno en junio de 2025, los conductores han seguido pagando la tarifa íntegra a pesar de circular entre cortes de carril y continuos desvíos.

Para los leoneses que dependen de esta vía por motivos laborales o personales, el fallo judicial confirma lo que llevan meses denunciando: abonar el peaje completo de la León-Campomanes por un servicio gravemente recortado atenta contra los derechos de los consumidores.

La AP-66 es un eje estratégico indispensable. Diariamente registra un tránsito superior a los 10.000 vehículos —de los que una cifra muy significativa corresponde a transporte pesado de mercancías—, un volumen de usuarios cautivos que no dispone de una alternativa de gran capacidad libre de pago.

La autopista se ha convertido en un agravio económico constante para las economías leonesa y asturiana y constituye una de las vías de montaña más caras de la red estatal.

Esta victoria en los tribunales, que abre la puerta a las reclamaciones, llega en un momento de batalla jurídica contra la concesionaria. El Gobierno del Principado ha endurecido su ofensiva ante el Tribunal Supremo y con expedientes sancionadores a la empresa que se apoyan en el demoledor dictamen de la Comisión Europea, que declaró ilegal la prórroga del peaje de León-Campomanes hasta el año 2050 concedida en el año 2000. Mientras el Ministerio de Transportes mantiene la concesión amparándose en el coste de rescate, las acciones judiciales amenazan con abrir un agujero multimillonario a Aucalsa.