El Gobierno descarta reforzar el juzgado de Villablino en León y niega falta de medios

El Gobierno descarta que sean necesarias medidas extraordinarias en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villablino (León) ante la preocupación trasladada por diputadas del PP por posibles retrasos prolongados y falta de medios.

El gobierno ha incidido en que todos los puestos están cubiertos y que el órgano judicial trabaja con una carga inferior a la media nacional por lo que no prevé reforzar el Tribunal de Instancia de Villablino, en la comarca leonesa de Laciana, al considerar que su situación actual no justifica la adopción de medidas adicionales de personal o la creación de nuevas plazas judiciales.

La respuesta, remitida por el Gobierno al Congreso tras una pregunta formulada por las diputadas del Grupo Popular Silvia Franco González y Ester Muñoz de la Iglesia, aborda la situación de la Sección Civil y de Instrucción del órgano judicial, sobre la que las parlamentarias habían alertado por supuestos retrasos prolongados y una insuficiencia de medios que podría afectar a su funcionamiento.

Según el Ejecutivo, el tribunal cuenta actualmente con toda su plantilla cubierta, integrada por un gestor procesal, dos tramitadores procesales y un letrado de la Administración de Justicia.

Además, señala que no existen refuerzos ni prolongaciones de jornada concedidos ni solicitudes recientes rechazadas, y que todos los puestos están ocupados por personal que presta servicio efectivo.

Respecto a la situación de los jueces, el Gobierno indica que el Consejo General del Poder Judicial no ha solicitado durante 2026 ninguna medida de refuerzo para la Sección Civil y de Instrucción de Villablino, por lo que tampoco ha sido necesario autorizar o denegar actuaciones de apoyo extraordinario.

La respuesta subraya además que el volumen de trabajo del tribunal leonés se sitúa en el 74,4 %, un indicador que la Administración considera determinante para valorar la necesidad de nuevas plazas judiciales. En este sentido, recuerda que Castilla y León fue en 2024 la segunda comunidad autónoma con menor carga de trabajo judicial de España, solo por detrás de La Rioja.