La pensión de los autónomos, en el punto de mira: la pérdida puede llegar a 12.000 euros
Quienes se jubilen en 2028 habrán cotizado durante cinco ejercicios, entre 2023 y 2027, bajo el nuevo sistema
Concentración en Madrid de trabajadores autónomos.
Los autónomos de León que se jubilen en 2028 podrían perder hasta 12.000 euros de pensión a lo largo de veinte años de jubilación debido a la reducción de las bases mínimas de cotización y a su posterior congelación. Así lo advierte la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España), que calcula que los trabajadores por cuenta propia con menores ingresos podrían percibir alrededor de 43 euros menos al mes, unos 600 euros anuales.
La organización precisa que se trata de una simulación preliminar y no de una pérdida media demostrada para todos los autónomos. El impacto dependerá de la trayectoria de cotización de cada trabajador, de las garantías que resulten aplicables y de las reglas de cálculo de la pensión en el momento de la jubilación.
El aviso se centra en quienes accedan a la jubilación en 2028, después de varios ejercicios bajo el sistema de cotización por rendimientos netos. Según UPTA, la reducción de las bases mínimas respecto a las vigentes antes de la reforma puede repercutir en las prestaciones futuras de quienes tienen ingresos más bajos.
UPTA sitúa el origen del problema en la evolución de las bases mínimas de cotización desde la entrada en vigor del nuevo sistema. En 2022, la base mínima general del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) era de 960,60 euros mensuales. En 2023, la base mínima del tramo de menores ingresos pasó a 751,63 euros; en 2024 descendió a 735,29 euros, y en 2025 quedó fijada en 653,59 euros, cuantía que se mantiene en 2026.
La diferencia entre la base actual y la general de 2022 alcanza los 307,01 euros mensuales, un 31,96% menos, según los datos aportados por la organización.
La entidad subraya que se trata de bases reales de cotización y no de cuotas bonificadas. Por ello, advierte de que mantener unas bases inferiores puede reducir los derechos contributivos futuros, aunque el resultado final también depende del conjunto de la carrera laboral y de las normas aplicables.
Para calcular el posible efecto sobre la pensión, el Observatorio Económico del Trabajo Autónomo ha analizado el caso de un trabajador con ingresos reducidos que cotizaba por la base mínima general antes de la reforma y que después pasó a hacerlo por las bases mínimas del tramo inferior.
La simulación apunta a una diferencia de unos 43 euros mensuales en la pensión. Si se mantuviera durante veinte años, el recorte acumulado rondaría los 12.000 euros, sin contar las revalorizaciones posteriores.
La organización recuerda que quienes se jubilen en 2028 habrán cotizado durante cinco ejercicios, entre 2023 y 2027, bajo el nuevo sistema. Para ese año, el método de cálculo previsto permitirá seleccionar las 306 mejores bases de los últimos 312 meses y descartar hasta seis mensualidades.
UPTA insiste en que sus cálculos son orientativos y deberán contrastarse con la carrera completa de cotización de cada trabajador y con las garantías transitorias y las reglas legales que finalmente se apliquen.
A la evolución de las bases mínimas se suma, según la organización, la pérdida de poder adquisitivo provocada por su congelación. UPTA estima que, si la inflación anual se sitúa en el 3,5% y las cuantías no se actualizan durante 2026 y 2027, la pérdida acumulada de poder adquisitivo alcanzaría el 6,65%.
Por ello, reclama que las bases de cotización de 2027 incorporen la inflación de 2026 y la prevista para el próximo ejercicio. Según sus cálculos, sería necesaria una actualización acumulada aproximada del 7,12%.
El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, considera que prolongar la congelación sería una «grave irresponsabilidad» y reclama al Gobierno que tenga en cuenta las consecuencias para las futuras pensiones.
«La responsabilidad de garantizar las futuras pensiones de los trabajadores autónomos es del Gobierno de España, sea cual sea su color político», afirmó Abad, que defiende que las decisiones sobre cotizaciones deben valorar tanto el coste inmediato para los profesionales como la protección social que recibirán cuando se jubilen.