Pactar paga más: la fórmula del Gobierno que busca desatascar los juzgados de León
Justicia dispara las retribuciones a los abogados que logren pactos extrajudiciales, eleva los pagos en causas penales complejas y blinda la asistencia económica a las víctimas
Justicia revoluciona los turnos de oficio.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto 824/2026, de 14 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita. Esta norma adapta el sistema a las exigencias de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa y de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La actualización de los baremos impacta de manera directa en el funcionamiento de los servicios prestados por los colegios profesionales bajo la gestión del Ministerio de Justicia, repercutiendo de forma significativa en la actividad diaria de los juzgados y de los profesionales de la abogacía en la provincia de León.
La modificación introduce un cambio estratégico fundamental orientado a fomentar la solución consensuada de los conflictos. Con el objetivo claro de descongestionar la planta judicial, el Estado incrementa la retribución de las transacciones extrajudiciales y de los medios adecuados de solución de controversias del 75% al 125% del importe asignado al procedimiento correspondiente, siempre y cuando la intervención letrada culmine con un acuerdo efectivo entre las partes. Por el contrario, en los supuestos en que la ley exija intentar la negociación previa pero esta resulte infructuosa, la actuación del profesional queda compensada con una cantidad fija de 30 euros.
Asimismo, el real decreto actualiza y eleva las cuantías retributivas en el orden jurisdiccional penal para adecuarlas a la complejidad de las causas. Los procedimientos penales calificados de especial complejidad se retribuyen con una base de 600 euros, a la que se suman asignaciones específicas por el volumen de actuaciones procesales, el número de comparecencias o las jornadas adicionales de juicio oral a partir del segundo día de vista. De igual forma, se reajustan los módulos correspondientes a los procedimientos penales generales y a las asistencias en juicios rápidos.
En el ámbito de la protección social, la norma consolida y refuerza la retribución de la asistencia jurídica gratuita inmediata para las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos, violencia sexual y personas con discapacidad que precisen especial protección ante delitos graves. La disponibilidad de los letrados en el servicio de guardia especializado se indemniza con 87,63 euros, cantidad que se eleva hasta los 131,22 euros cuando la actuación incluye el asesoramiento y el acompañamiento formal en la interposición de la denuncia o la solicitud de medidas de protección. Además, para responder a las particularidades geográficas de circunscripciones extensas como la leonesa, el texto actualiza las dietas de desplazamiento según la distancia kilométria desde la sede colegial del partido judicial.
Por último, la reforma optimiza el régimen de devengo económico para aportar mayor certidumbre y liquidez a los profesionales del turno de oficio. Con carácter general en las jurisdicciones civil, penal, contencioso-administrativa y social, los profesionales percibirán el 70% de la indemnización al acreditar la admisión a trámite o el inicio formal de las actuaciones, devengando el 30% restante tras la presentación de la resolución judicial que ponga fin a la instancia. La norma ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación oficial.