El acuerdo secreto entre Madrid y Valladolid que redibuja el subsuelo de León hasta 2030

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Junta de Castilla y León, firmado el 14 de octubre de 2026. El documento fija cómo se coordinará la exploración minera en la comunidad hasta 2030, con especial atención a provincias como León, y lo hace dentro del Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030, aprobado por el Consejo de Ministros el 10 de marzo de 2026.

Firmaron el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard Payeras, y la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral. El pacto no supone ningún gasto para las dos administraciones: la cláusula cuarta aclara que se enmarca en sus competencias ejecutivas y no conlleva compromisos económicos. Las actuaciones de investigación se financiarán según lo previsto en el anexo I del programa nacional.

El convenio surtirá efectos desde su inscripción en el registro estatal de órganos e instrumentos de cooperación y tendrá una duración de cuatro años, prorrogables otros cuatro si ambas partes lo acuerdan de forma expresa antes de su finalización.

Esto dice el convenio

El objetivo es garantizar la ejecución del programa nacional de exploración en el territorio autonómico. El Estado, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, aprueba las actuaciones de investigación minera y en residuos mineros, y la Junta aporta conocimiento del territorio, cartografía y apoyo en la inspección.

El ministerio se compromete a informar de forma previa a la consejería de cualquier actuación que vaya a realizarse en Castilla y León, a estudiar las propuestas que plantee la Junta y a compartir los resultados completos de los trabajos. Se reserva, eso sí, la confidencialidad de la información sensible de las empresas titulares de derechos mineros.

También informará de forma periódica de lo que hagan las compañías que reciban ayudas de la Orden TED/352/2026, de 24 de marzo, que regula las bases de las subvenciones del programa. Además, invitará a la Junta a los grupos técnicos nacionales y europeos vinculados al Reglamento (UE) 2024/1252 de materias primas fundamentales.

Zonas de reserva a favor del Estado

Uno de los puntos más sensibles es la posible declaración de zonas de reserva a favor del Estado, prevista en la Ley de Minas de 1973. Si el ministerio la considera necesaria, deberá pedir informe a la consejería antes de aprobar el real decreto correspondiente.

La Junta, por su parte, se obliga a responder en un plazo máximo de diez días sobre cualquier propuesta de esa naturaleza en su territorio. Es un mecanismo que da voz a la comunidad, aunque la decisión final seguirá en manos del Gobierno central.

Qué aportará Castilla y León

La consejería, a través de su Dirección General de Energía y Minas, facilitará datos territoriales, cartografía geológica, minera y ambiental y señalará las instalaciones de residuos mineros que puedan contener materias primas fundamentales técnicamente valorizables. Esto responde al artículo 27 del reglamento europeo, que obliga a los Estados miembros a crear una base de datos de escombreras cerradas o abandonadas.

También colaborará en la inspección y vigilancia de los trabajos, aportará medios materiales y logísticos, como instalaciones, espacios de trabajo o transporte, y participará en acciones formativas. Además, se implicará en el plan de comunicación, con las entidades locales y las comarcas afectadas como interlocutores.

Contexto: materias primas y autonomía estratégica

El convenio se apoya en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en la Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales, aprobada en agosto de 2022, y en la normativa europea, que obliga a cada país a contar con un programa nacional de exploración. España busca reducir su dependencia exterior de minerales clave para la transición energética y el desarrollo digital.

La Junta recuerda su trayectoria previa: estudios de prospección de estaño, oro y litio, mineralizaciones en rocas pegmatíticas, análisis geoquímicos en Salamanca, Segovia, León y Zamora, y trabajos con sensores remotos. Cita zonas como Salientes-Cuevas del Sil, Pino de Oro, Prada-Andiñuela, Candín y Peña de Francia.

La Ley de Industria de Castilla y León permite además declarar estas iniciativas como proyectos industriales prioritarios, lo que implica una tramitación preferente en licencias, expropiaciones, subvenciones y servidumbres energéticas.

Seguimiento, incumplimientos y fin del acuerdo

Una Comisión de Seguimiento, con dos representantes de cada administración, vigilará el cumplimiento, resolverá incidencias y aprobará informes. La presidirá la persona titular de la Subdirección General de Minas o quien esta delegue, y se reunirá cada seis meses, con posibilidad de sesiones extraordinarias y por videoconferencia.

Podrán asistir expertos del IGME-CSIC, del Grupo Hunosa o de empresas geológicas y mineras de prestigio que participen en las actividades del programa en la comunidad.

El convenio podrá terminar de forma anticipada, con quince días de preaviso, por mutuo acuerdo, incumplimiento grave o cambio sustancial de las circunstancias. Su resolución por incumplimiento no dará lugar a indemnización, y las controversias que no resuelva la comisión irán a la jurisdicción contencioso-administrativa.