León no reforzará por el momento la jurisdicción Social
Las tres salas están por encima de los números aconsejados pero sin cifras desorbitadas
Una de las salas de vistas de Social en León.
Las tres plazas de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de León quedarán en principio fuera de los planes de refuerzo diseñados por el Consejo General del Poder Judicial, gracias al recorte de un 8% en los asuntos que están en trámite en el segundo semestre que, no obstante, mantienen todavía más de 2.000 expedientes a la espera de resolución.
El acuerdo del CGPJ se ha adoptado a la vista del informe que la Comisión Permanente solicitó en su reunión del pasado 16 de septiembre al Servicio de Inspección para que identificara los órganos de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia con más asuntos pendientes o con mayores tiempos de respuesta, después de que este servicio hubiera advertido de que la situación de los órganos de esta jurisdicción a nivel nacional y en su conjunto está fuertemente condicionada por la elevada carga de trabajo y de que los tiempos de respuesta se habían incrementado ligeramente en el primer trimestre del año.
Los números en León son amables. La cifra de asuntos en trámite se recortó un 8,1%, los que ingresaron en las dependencias de Sáez de Miera bajaron un 5,6% y la tasa de pendencia (la que mide los asuntos que están en compás de espera) se ha reducido un 3,5%. Actualmente la tasa es de 2,8. Un órgano judicial está en mejor situación cuanto más baja es esa cifra.
Los juzgados de lo Social «están recibiendo este año un número de asuntos similar al del año pasado, algo superior al módulo de entrada establecido, y no se ha recibido solicitud de refuerzo», explicó ayer a este periódico Pablo Arraiza, presidente de la Audiencia Provincial.
El orden jurisdiccional social es un área especializada en la que se resuelven las reclamaciones efectuadas por los ciudadanos como trabajadores frente a los empresarios o empleadores con motivo del contrato de trabajo (despidos, reclamaciones de salarios, vacaciones y permisos, etc.) así como las reclamaciones efectuadas frente a la Seguridad Social o el Estado (incapacidades, jubilación, pensiones de viudedad u orfandad, reclamaciones al Fondo de Garantía salarial, etc.). También conoce de las reclamaciones en materia de tutela de derechos de libertad sindical y huelga, conflictos colectivos, convenios laborales, prevención de riesgos laborales, entre otras materias.
Las medidas de refuerzo recaerán en profesionales de adscripción territorial, en prácticas y magistrados sin sobrecarga de trabajo.