Los alumnos de Derecho proponen un curso antes de ejercer la abogacía

El anteproyecto de ley de Acceso al Ejercicio Profesional de la Profesión de Abogado y Procurador, que difundió el año pasado el Ministerio de Justicia, recoge la realización de un examen que capacite a los estudiantes de Derecho para ejercer como abogados o procuradores. Sin embargo, son muchas las posibilidades que se han barajado en los últimos años, entre ellas la imposición de la pasantía, la realización de cursos de formación en escuelas de prácticas o la obligación de superar un examen selectivo. Los estudiantes son conscientes de la necesidad de implantar un sistema de acceso a la profesión que capacite a los licenciados. Entre los argumentos que defienden para poner en marcha un sistema de selección de estudiantes está la falta de formación prácticas de los titulados y la obligatoriedad, que marca la UE, de realizar una serie de cursos de formación antes de ejercer como abogados. Sin embargo, los estudiantes exigen que se abra un proceso negociado entre todas las partes implicadas: Ministerio de Justicia, grupos parlamentarios, comunidades autónomas, Consejo General de la Abogacía, universidades y representantes estudiantiles. Así, los futuros abogados exigen que el proyecto de ley no sirva como excusa para la defensa de intereses corporativos de los actuales colegiados ni para conceder privilegios. Además exigen que, sea cual sea el modo de acceso, esté controlado por la Administración y logre la igualdad de oportunidades. El curso de postgrado universitario es una de las opciones que plantean como paso previo a ejercer la profesión. Serían unos estudios de tercer ciclo en los que exclusivamente se persiguen la formación práctica de los titulados, en materias como oratoria, la resolución de conflictos procesales, la experiencia forense y las vertientes prácticas en las distintas ramas jurídicas. Otra de las posibilidades para ejercer la abogacía con garantías es la realización de la pasantía. Pero esta vía sólo será aceptada siempre y cuando este periodo esté regido por un contrato de trabajo en prácticas que evite la explotación y la precariedad laboral del joven licenciado y que se garantice que el tutor dedique tiempo a la formación práctica del pasante. La última de las vías propuestas puede ser la realización de cursos de especialización en las escuelas de prácticas jurídicas en la rama que deseen los alumnos (penal, mercantil, laboral o tributario). Estarían avalados por la Administración.