Sanidad inmovilizó 23.000 kilos de alimentos no aptos para el consumo

Una partida de más de una tonelada de aceite de orujo que había quedado en una nave abandonada fue remitida a Burgos para su destrucción en un centro especial de tratamiento de residuos, el camino que siguen todos los productos peligrosos para el consumo humano. El resto del aceite inmovilizado fue recogido por los distribuidores para evitar su entrada en la cadena de consumo, prohibida por el Ministerio de Sanidad por la presencia de productos presuntamente cancerígenos. Santiago Travieso, jefe del Servicio Territorial de Sanidad, explica que generalmente son las propias distribuidoras las que se encargan de la retirada del producto no apto para el consumo. En caso contrario, es la administración la encargada de la destrucción; los alimentos son destruidos en función de su estado y su composición en los centros autorizados, e incluso pueden ser tirados a la basura en caso de productos orgánicos no contaminantes. La tarea de los inspectores es continua y, según indica Travieso, el pasado año los inspectores sanitarios realizaron más 35.000 controles que dieron lugar al decomisado de estos productos. la Junta de Castilla y León tiene destinados ochenta profesionales, la mayoría de ellos veterinarios, a los análisis de seguridad e higiene. En este capítulo se incluyen tanto la toma de muestras en centros de distribución como el control del cumplimiento de la normativa vigente en la puesta en marcha de un establecimiento. Llamativas, no más importantes Travieso subraya que las actuaciones más llamativas son las que generan el decomiso de grandes cantidades (como la llevada a cabo hace unos años que llevó a la inmovilización de más de 150.000 envases de un refresco de cola) pero las más importantes «son las que se efectúan en los últimos lugares de consumo porque pueden evitarse intoxicaciones». «Evitar un sólo contagio puede ser más importante que inmovilizar miles de litros de algún producto, pero el ciudadano siempre se quedará con la segunda», explica el jefe del servicio de Sanidad. El Servicio de Sanidad no tiene constancia -precisa Travieso- de ninguna intoxicación generada por productos en mal estado vendidos o consumidos en establecimientos locales el pasado año, sí se han registrado casos con miles de intoxicados, en algunos casos, en años anteriores. La normativa actual obliga al cumplimiento de unas estrictas normas tanto para la distribución como la preparación de alimentos, de ahí que cada año desciendan las cifras de intoxicaciones. En dos direcciones Las alertas sanitarias siguen un recorrido bidireccional. Pueden surgir en cualquier país o ciudad de la Unión Europea y ahí comenzar un itinerario por los servicios de salud de todos los estados miembros. En León aún no se ha decretado ningún caso de contaminación alimentaria que haya dado lugar a alerta nacional o internacional, explica Travieso, y los servicios sanitarios se han limitado a seguir las recomendaciones nacidas en otros lugares de la red. La red, en cascada, alerta de cualquier riesgo y transmite inmediatamente el peligro y el protocolo de actuación para cada caso concreto. Escasa importancia La mayoría de las alertas generadas el pasado año tampoco han tenido gran importancia en la provincia, pues en la mayoría de estas llamadas de atención no ha habido decomiso en León. Así ocurrió con las alertas decretadas por la detección de productos no aptos para el consumo en aceite de oliva (procedente de empresas clandestinas), cereales con cuerpos extraños, salmón ahumado contaminado con lysteria o wiskhy contaminado con metanol. Travieso puntualiza que el principio que rige toda la actuación de los servicios sanitarios es la prevención y, por ello, matiza los juzgados siempre han dado la razón a la administración ante recursos de las personas que se sienten perjudicados por las inmovilizaciones de productos. «Nosotros retiramos los productos para prevenir que puedan suponer un riesgo para la salud. En caso de que luego se demuestre que no había tal riesgo no se puede considerar que somos culpables. Ante una sospecha nosotros no podemos arriesgar la salud de los consumidores y los juzgados entienden esta labor preventiva», indica el jefe del Servicio Territorial de Sanidad.