El 66% de los contribuyentes dejarán de pagar el Impuesto de Sucesiones
La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, anunció ayer que la supresión del Impuesto sobre Sucesiones de padres a hijos y entre cónyuges -compromiso electoral del PP- afectará a 16.000 personas de la comunidad, es decir que un 66% de los contribuyentes quedarán exentos de su pago y se suprimirá también el impuesto de donaciones de padres a hijos para la compra de una vivienda. Además, Pilar del Olmo, en su primera comparecencia de la Legislatura ante los medios de comunicación, indicó que se otorgará un trato fiscal favorable, que tendrá reflejo en el próximo presupuesto, para la compra de una vivienda por parte de familias numerosas, jóvenes y personas afectadas por alguna discapacidad. Las actuales deducciones fiscales por familia numerosa, natalidad y mejora del patrimonio histórico se ampliarán para el acogimiento de mayores dependientes y con una discriminación de los tipos para que, sin poner en peligro la recaudación, se palie la carga fiscal de la adquisición de una vivienda por colectivos más desfavorecidos, según informó la titular de Hacienda en su primera comparecencia en las Cortes para exponer su programa legislativo. Estabilidad del gasto público La titular de Hacienda marcó seis objetivos para los próximos cuatro años: estabilidad en el gasto público manteniendo el objetivo de déficit cero, mantener los beneficios fiscales e introducir otros nuevos, modernización de los servicios públicos, definir el papel de las Cajas y desarrollar la Ley Regional, seguimiento y evaluación de fondos europeos y fomento de la actividad estadística. Con un «panorama» económico positivo, que se cimenta en el crecimiento por encima de la media nacional y en la creación de empleo, Del Olmo aventuró que se conseguirán los objetivos de pleno empleo, calidad de vida y fortalecimiento de la comunidad. En el plano normativo, comprometió los proyectos de ley de Hacienda, Subvenciones y Patrimonio así como el decreto sobre la obra social de las cajas de ahorro de la comunidad, que obligará a las cajas foráneas que operan en Castilla y León a reinvertir parte de los recursos captados aquí, pero no avanzó en el pacto sobre cajas ofrecido por el presidente, sólo reiteró el compromiso de colaboración lanzado en julio.