Valcarce exige hoy en el Congreso la anulación de los juicios sumarios

Gerardo Tovar nunca tuvo un juicio justo. Como tantos españoles que sufrieron la fiereza de la represión franquista tras la Guerra Civil (1936-1939), este leonés sería condenado a cadena perpetua en el actual edificio de la Diputación de León. Su delito: pertenecer a la Casa del Pueblo de Santa María del Páramo y haber intentado mantener el gobierno legítimo de la II República española (1931-1936/39). Moriría en prisión el 14 de abril de 1941 (diez años después de la proclamación de la República) aquejado de tuberculosis. Como Tovar, miles de españoles fueron condenados desde el inicio de la contienda civil por tribunales militares en base a procedimientos dudosos. La Instrucción de la Causa General franquista establecía que toda persona que hubiera colaborado con el gobierno democrático o fuera sospechoso de haberlo hecho estaba expuesta al orden militar sumario. Pese a que fue promulgada en abril de 1940, desde el inicio de la guerra las autoridades del ejército rebelde depuraron pueblo por pueblo a través de consejos de guerra a los sospechosos. Las condenas -la mayoría a muerte o perpetuas- se basaban en el delito de «auxilio a la rebelión» y solían conllevar además la pérdida de bienes. «Justicia inmediata» Hoy, tras más de seis décadas de silencio, la diputada leonesa del PSOE Amparo Valcarce defenderá ante el pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley que exige la anulación de estos procesos de la Ley de Responsabilidades políticas de 1939 y de la Causa General franquista. Para Valcarce, estos procedimientos representan una «anomalía jurídica e histórica», ya que «fueron dictados por el régimen de Franco sin autoridad legítima y vulnerando los derechos reconocidos en la Constitución republicana». Para el letrado Fernando Magán se trataba de una «justicia inmediata» aplicada por dirigentes políticos locales que formulaba denuncias que constituían prueba y condena sobre la marcha. La diputada leonesa -que ya consiguió arrancar al PP la primera declaración de condena al franquismo el pasado 20 de noviembre- también exigirá hoy al Gobierno que «facilite el acceso de familiares y estudiosos a los sumarios de los represaliados de la Guerra Civil depositados en los archivos civiles y militares».