Armi reclama que el 50% de los fondos de la Ley minera sean para los municipios

La Asociación Regional de Municipios Mineros (Armi) reclamará a la Junta de Castilla y León que el 50 por ciento de los fondos que vayan dirigidos al programa de actuación minera «sean destinados específicamente a ejes de actuación de los municipios». Así lo manifestó ayer el presidente de este organismo, Laudino García, antes de presidir la asamblea convocada para determinar las actuaciones prioritarias que planteará Armi al presidente del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera, durante la primera quincena de octubre. Laudino García denunció que, a lo largo de la actual Ley Regional de Actuación Minera (1999-2003), «sólo el 18 por ciento de los 168 millones de euros invertidos hayan sido destinados a programas específicamente municipales», mientras que el restante 82 por ciento fueron para actuaciones cuya «mitad del importe recupera la Junta a través de Europa». El presidente de Armi explicó su intención de dirigir los presupuestos de la próxima Ley minera que la Junta decida adjudicarles a afrontar los problemas de los municipios mineros en materia de infraestructuras, comunicaciones y abastecimientos de agua. Junto a estas, una de las prioridades será impulsar el asentamiento de población en estos ayuntamientos a través de potenciación de los programas de vivienda, rehabilitación y ayudas a los jóvenes. El desarrollo del turismo y una solución al conflicto del suelo industrial también ocupan un puesto importante en las reivindicaciones. «Necesitamos más fondos para el impulso del bienestar social, puesto que sólo en Villablino se ha hecho algo, así como la recuperación de los ríos mineros, ya que Ponferrada, Lillo y Pola de Gordón son los únicos ayuntamientos donde se ha actuado en esta materia». «Para cuando Herrera nos reciba, esperamos que en la primera quincena de octubre, ya estaremos en disposición de plantear actuaciones concretas», añadió Laudino García. De momento, las intenciones de la Asociación regional de Municipios Mineros pasan por pedir a la Junta un incremento del presupuesto de la Ley minera y una definición de los criterios de reparto de estos fondos.