La Fiscalía abrió en el año 2002 una actuación por delitos de piratería
Los tribunales de la comunidad a brieron un total de 78 actuaciones penales en 2002 por infracciones contra la propiedad intelectual, en su mayor parte delitos relacionados con la «piratería» en la reproducción y venta de Cds, DVDs y softwares informáticos, según se recoge en la memoria anual del Fiscal General del Estado. Las provincias de la comunidad autónoma donde más actuaciones judiciales se iniciaron por estos delitos son Avila y Salamanca, con quince casos en cada una de ellas, seguidas de Valladolid (12), Segovia (11), Zamora (9), Palencia (7), Burgos (6), Soria (2) y León (1). No obstante, Castilla y León son una de las comunidades en el que se abrieron un menor número de procesos de este tipo, que en España ascienden a 3.329. En los diferentes informes enviados por las fiscalías de Castilla y León para informar de la evolución de este delito, destaca el de Zamora, que aboga por la supresión de la obligatoriedad de una denuncia previa de la persona agraviada o sus representantes legales ante las dificultades que genera este requisito en la persecución de este delito, condenado con penas que van desde los seis meses a los dos años de prisión. Nuevas tecnologías Por su parte, el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, reconoce que la utilización de nuevas tecnologías facilitan la proliferación de este tipo de actividades que llevan incluso en ocasiones a plantear problemas de tipicidad, al tiempo que subraya que son generalmente inmigrantes ilegales los que llevan a la práctica en la calle o en mercadillos la venta de estos productos pirateados para poder subsistir. Por ello, subraya que su situación debe ser contemplada con especial cuidado porque «aunque no puede admitirse la idea de que sean desconocedores de la ilicitud de la venta que realizan, su situación de necesidad no es digna del mismo reproche que quienes se encuentran detrás de esta extendida e ilegal actividad obteniendo los verdaderos beneficios económicos». Además, afirma que la comisión de los delitos contra la propiedad intelectual se ve favorecida por la facilidad con que las nuevas tecnologías permiten la reproducción de las obras musicales, películas en vídeo o DVD y programas informáticos.