El Ministerio de Agricultura se echa para atrás en la regionalización de la PAC

Tras defender a capa y espada durante el año pasado la conveniencia de regionalizar la aplicación de la Política Agraria Común, el Ministerio de Agricultura dejó ayer las cosas como estaban asegurando que era la mejor medida que se podía tomar en España para evitar «una discriminación entre comunidades autónomas». La Administración dirigida por Rafael Arias Cañete vende ahora como un gran logro el mantenimiento de la nacionalización de los cupos y el reparto de ayudas, cosa que el propio consejero del ramo de la Junta de Castilla y León, José Valín, confirmó al valorar -según un teletipo de la agencia Efe- que la decisión de aplicar la reforma de la PAC con carácter nacional «evitará las diferencias competenciales entre las comunidades autónomas». Reparto de fondos agrarios La Conferencia Sectorial acordó la distribución de un fondo de más de 209 millones de euros para programas agrarios, en el que destaca el reparto de casi 160 millones de euros para la mejora y reconversión de viñedo y más de 34 millones de euros para la cofinanciación de las ayudas a los frutos secos. No obstante, uno de los puntos más importantes de la discusión de hoy se centró en las propuestas de reformas del aceite de oliva, tabaco y algodón. De todas ellas, la que menos me le preocupa a Cañete es la del olivar, ya que no incita al abandono, pero no así la del algodón, cuya ayuda «desacoplada supera los costes de producción, y la del tabaco», que cuenta con la «completa hostilidad» del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Positivo para la provincia Tras las alarmas y protestas de los sindicatos agrarios augurando la ruina de diversos sectores agrícolas en la comunidad autónoma si se regionalizaba la aplicación de la Política Agraria Común -sobre todo en el maíz, que recibiría el doble de penalización, y en cultivos oleaginosos como el del girasol y proteaginosos como el guisante-, ya que la penalización por exceso de producción no se podría mitigar en un sistema regionalizado, ya que se perdería la posibilidad de restar las hectáreas que no se cultivaran en otras comunidades autónomas. Para el secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores de León (Ugal), Matías Llorente, esta marcha atrás indica «que el Gobierno quiere vender que ha hecho una negociación magnífica en Europa con la nueva PAC y se ha dado cuenta de que no es así». Llorente explicó que «en esencia a los agricultores de León y Castilla esta medida les beneficia», ya que si se hubiera regionalizado la aplicación de la PAC «se hubiera primado a las regiones más ricas, con lo que se conseguiría el efecto contrario a su espíritu, que es beneficiar a las zonas desfavorecidas».