«Debería premiarse a quienes cumplen la prevención de riesgos»

-¿Cómo valora la reforma de la Seguridad Social que está tramitando el Senado? -Lo más destacado de esa Ley es que todo el procedimiento de cotización, recaudación y de altas y bajas de empresas en la Seguridad Social, este Gobierno lo traslada de los juzgados de lo social a los de lo contencioso-administrativo, y eso parece una contradicción cuando el Ministerio de Justicia quiere acelerar los procesos, porque los juzgados de lo social son muy ágiles, tienen una media de respuesta de cinco meses, frente a los 19 en los de lo contencioso. -¿Y cuál cree que es la causa? -Eso tiene sólo una causa, que es mantener la estabilidad presupuestaria actual, que la Seguridad Social tenga superávit, porque llevando la recaudación y la cotización a una jurisdicción más lenta, como es la contencioso-administrativa, la llevamos a un margen de respuesta más lento, con lo que la Administración tiene en su mano durante más tiempo esa recaudación que haya obtenido irregularmente. La Seguridad Social está atravesando un momento fantánstico por la recuperación de empleo, y nosotros los graduados sociales, como profesionales estamos directamente implicados en esa estabilidad; cuanto más profesional sea el procedimiento de cotización a la Seguridad Social, mayor seguridad hay de que los empresarios coticen debidamente, los trabajadores tendrán el día de mañana la pensión garantizada, y el sistema por otra parte tendrá mayor garantía de recaudación. -¿Cómo cree que se debe atajar la siniestralidad laboral? -El Gobierno y los agentes sociales han hecho un plan de seguridad laboral a nivel nacional porque la siniestralidad, a pesar de que tanto sindicatos como empresarios están cada día más implicados en evitar que crezca, lo cierto es que los datos dicen todo lo contrario, y eso ocurre fundamentalmente porque la prevención de riesgos laborales debe establecer un mecanismo que evite el siniestro con elementos coercitivos; es decir, se sanciona al que no cumpla, pero falta un eslabón, que es el del premio. Debería de establecerse un sistema que premiase a los empresarios y trabajadores que cumplen la prevención de riesgos laborales, además e castigar a quien no lo hace. Algunas ideas es este sentido son aplicar una bonificación en la contratación de trabajadores a las empresas que en los últimos años no hayan tenido siniestros, o bonificaciones en el salario o en el IRPF a los trabajadores de alto riesgo que no hayan sufrido accidentes. -Los sindicatos relacionan la alta siniestralidad con la precariedad laboral... -En parte tienen razón, pero la alta tasa de temporalidad en el empleo no es la causa principal de la alta siniestralidad, sino que no se ha concebido un plan que active e incentive a empresas y trabajadores al cumplimiento de la normativa. -¿Una pequeña empresa tiene los medios para diseñar y aplicar un plan de prevención de riesgos laborales? -No. Las pymes y las micropymes no tienen suficiente entidad como para diseñar ni el plan de prevención ni la posterior vigilancia en su cumplimiento; de ahí que aparezcan asesores externos que se preocupan de esa labor. La solución para las pymes es que desde el propio Ministerio de Trabajo se desarrollen gratuitamente el diseño y el establecimiento de los planes de prevención con modelos sectoriales y módulos, y la posterior vigilancia de ese plan deben hacerla técnicos en prevención de riesgos laborales debidamente acreditados. -¿Y quién exactamente es un técnico en prevención de riesgos laborales?, porque están surgiendo cursos hasta por correspondencia. -Es una persona que hace un curso y punto. La profesión se ha desprestigiado porque acceden a ella personas con unos escasos conocimientos del derecho del trabajo y la seguridad social. Al final, muchos empresarios buscan quien les haga el plan de prevención más barato, y no el más efectivo. Hay un mercado descontrolado tanto en la formación de los técnicos como en la vigilancia que no redunda en beneficio de las relaciones laborales. -¿Qué opinión le merece la reforma que acaba de aprobar el Consejo de Ministros para los autónomos? -La regulación que anunció el Gobierno antes de las elecciones de marzo y que se caba de aprobar por el Consejo de Ministros es importante y profunda. El que los trabajadores autónomos comiencen a percibir la baja por incapacidad labora temporal a partir del cuarto día de enfermedad, y no a los 16 como actualmente, es un avance sustancial. -En cuanto a la profesión de graduado social, están intentando ampliar sus competencias, ¿en qué sentido? -Estamos intentando darle a la profesión una competencia procesal que coincida con la realidad. Nosotros no queremos interferir en las competencias de otros colectivos -abogados y procuradores- y no lo haremos, pero sí que hemos pedido al Gobierno que nuestra intervención ante los órganos de la jurisdicción social no sea exclusivamente de representación técnica como lo es ahora, sino que sea una intervención directa en los actos procesales.