«La Constitución no justifica una discriminación por razón de sexo»

En un momento en el que la Constitución española está de actualidad, uno de sus mentores, Gregorio Peces-Barba, diserta hoy en León sobre su seguridad política a la vez que explica en esta entrevista su postura sobre asuntos tan espinosos como la boda del príncipe o el plan Ibarretxe. ­­-Su conferencia en León tiene el título «Constitución y seguridad jurídica». ¿Cómo resumiría lo que quiere transmitir con un título tan sugerente, al menos dentro del mundo del Derecho? ­- Sólo con leer el artículo 9 de la Constitución podemos ver exactamente la conexión entre la noción de seguridad jurídica y el propio texto constitucional. Así, el mencionado artículo recoge la sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento. En este sentido, cuando hablamos de función de seguridad de las constituciones nos referimos a su dimensión de organización de los procedimientos democráticos, de las reglas de juego que nos sitúan a todos en igualdad ante la ley y las instituciones. Es decir, de las normas que producen certeza y tranquilidad. -¿Cómo está de salud la Constitución Española 25 años después de su nacimiento, del que usted fue uno de los protagonistas? -Después de 25 años, el hecho de que no haya sido necesaria su modificación o reforma -salvo la reforma puntual del art. 13.2 por la integración en las instituciones europeas-, y sobre todo, que haya hecho posible la alternancia en el poder de forma pacífica, sirviendo a Gobiernos de distinta ideología y composición, nos habla de una norma plenamente consolidada. -En la España de hoy en día, ¿hay más republicanos o más monárquicos? -La Constitución Española consagra a la Monarquía Parlamentaria como la forma política del Estado español, por lo tanto el debate tiene una importancia relativa. En todo caso, el comportamiento de la Corona en estos veinticinco años de democracia ha sido ejemplar, y creo que es algo que los españoles perciben con absoluta claridad. -Y los monárquicos, ¿son monárquicos o juancarlistas? -Está claro que la percepción que de la Corona tenemos los ciudadanos se ciñe por el momento a la persona de Don Juan Carlos, y será cuando se produzca la sucesión cuando veamos totalmente consolidada la institución. En este sentido, también creo que es un debate algo artificial, para el que no tenemos elementos de juicio suficientes. En todo caso, creo que los ciudadanos tienen una idea cada vez más formada y exacta de la Monarquía, diferenciando entre institución y persona que en el momento concreto la encarna -Resulta inevitable preguntarle qué opina Usted de la Ley Sálica... -Es cierto que la Constitución recoge un principio de igualdad formal, y por tanto toda discriminación por razón de sexo no parece muy justificable. Pero es también verdad que las reglas de la Monarquía son ciertamente peculiares por su también peculiar cometido e historia. La sucesión monárquica y sus reglas están expresamente recogidas en la Constitución, y no debemos olvidar que cualquier reforma de ésta exigiría un alto grado de consenso. -¿Cómo se articularía un cambio en la Constitución para abolir esta ley? -Mediante el procedimiento establecido en el Título X de la propia Constitución: «De la Reforma Constitucional». Por afectar en este caso a una de las instituciones básicas del Estado (como es la Corona), la reforma deberá aprobarse siguiendo un procedimiento especial, que requiere mayoría de dos tercios de cada Cámara y la disolución inmediata de las Cortes; estudio y aprobación del nuevo texto constitucional por los 2/3 de cada Cámara, y someterla a referéndum para su ratificación. -¿Qué piensa de que el Príncipe de España se case con una mujer divorciada y plebeya? -En primer lugar, el término plebeya no parece muy adecuado a los tiempos que corren. Sin duda, lo fundamental es que la persona que ostente el título de Reina esté capacitada -en todos los sentidos- para asumir las responsabilidades inherentes al título ostentado. El hecho de que el Príncipe de Asturias se case con una periodista no hace sino introducir mucha más cercanía entre la institución de la Corona y el resto de los ciudadanos. La Constitución únicamente hace referencia a la posibilidad de que las personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey o de Las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona. Estoy seguro de que esta situación no se va a dar en este caso. -¿Cuál es su opinión del Plan Ibarretxe? ¿Puede suponer el principio del fin para la unidad de España que hoy conocemos? -El llamado Plan Ibarretxe es el mejor homenaje que se le puede hacer a la Constitución, puesto que ésta dispone de los mecanismos necesarios para desarticular propuestas que no respetan las reglas de juego que la Carta Magna recoge, tanto formales como sustantivas. Y hay que recordar de nuevo el artículo 9 de la Constitución, que en su apartado primero establece que «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento político». En todo caso no es políticamente correcto que el representante del Estado en la Comunidad Autónoma, que es el Presidente de la misma -en este caso el Lehendakari en Euskadi-, enarbole la bandera de una reforma que contraviene a la Constitución en multitud de preceptos. El debate político no puede ser manipulado desde el aparato de poder del que dispone un Gobierno, sino que debe circunscribirse a las Cámaras, aunque la iniciativa sea del propio Gobierno. -También en León tenemos un partido regionalista con bastante representación institucional como es la Unión del Pueblo Leonés, ¿qué opinión le merece? -Un partido democrático, que respeta los procedimientos que a todos nos obligan, y que rigen su creación y funcionamiento por principios democráticos, merece el máximo respeto. La Constitución así lo reconoce, así como que son expresión del pluralismo político e instrumento para la participación política. -¿Cómo está siendo el papel de las universidades privadas en España y cuál es su papel actual? -Primero quiero diferenciar el papel de ciertas Universidades privadas que desde hace muchos años forman profesionales muy cualificados. Pero desgraciadamente, desde hace algunos años asistimos a un fenómeno de mercantilización de la educación y de los títulos profesionales. Sin duda, la Ley Orgánica de Universidades que el Gobierno aprobó en contra de todos los actores educativos viene a reforzar ese sentido empresarial de la enseñanza. Creo deber de todos la potenciación de la Enseñanza pública como escuela no sólo de profesionales, sino también de ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y deberes.