El fiscal mantiene que hubo desfase en las cuentas de la Junta Vecinal de Alija

A la conclusión de las pruebas testificales y periciales que acompañaron el desarrollo de la vista oral en el proceso contra L. F. F., B. P. M. y M. P. G. a los que se imputa la autoría de un delito de malversación de fondos, el fiscal del caso rebajó la petición de penas para los acusados: cuatro años de cárcel para los primeros, por su gestión como presidentes y vocales de la Junta Vecinal de Alija de la Ribera -cargos que se alternaron entre 1987 y 1995- y tres años para el tercero, que fue durante un periodo de esa época secretario de esta entidad menor. El ministerio fiscal sostiene que participaron en una forma ilegal de proceder en la gestión de las cuentas del pueblo porque «incumplieron la llevanza obligatoria de la contabilidad establecida en Orden de 17 de julio de 1990 y ni siquiera procedieron a una rudimentaria justificación documental de ingresos y gastos, habiendo realizado pagos a través de entidades bancarias por 118.288 euros, la mayoría con reintegros en efectivo». La acusación particular ratificó la postura del ministerio público, aunque a diferencia de ésta, no modificó en el tramo final del juicio la cuantía de las peticiones penales, que estableció, como en las conclusiones provisionales, en seis años de cárcel para los que ejercieron como presidentes y vocales y de cuatro y medio para el ex secretario. Durante el interrogatorio, los acusados negaron que existiera un desfase entre el montante de ingresos y gastos en el balance final de su gestión al frente de la Junta Vecinal de Alija de la Ribera y, también, que en ese proceso se hubieran quedado con un solo céntimo del dinero público. La parte de la acusación cuestionó el proceder de los ahora acusados que, según reconocieron ante el tribunal de la Audiencia Provincial, acostumbraron a hacer pagos en efectivo, a partir de reintegros en las tres cuentas de la entidad. Este proceso judicial se inició con una querella presentada por el actual presidente de la Junta Vecinal de Alija de la Ribera, Óscar Prieto Mateos, que prosperó en el año 1996, y después de varios años de instrucción llegó a la sala de vistas. Paralelo a este procedimiento penal se lleva a cabo otra investigación de las cuentas de la gestión ahora enjuiciada por parte del Tribunal de Cuentas. La parte de la defensa solicitó al inicio de la vista oral que se procediera a la suspensión del juicio, por entre otros motivos, hasta que se conociera el resultado de la sentencia pendiente del Tribunal de Cuentas; además, solicitó la nulidad de actuaciones. Los abogados defensores censuraron también la valía de un informe pericial de la agencia de tributos por considerar que se «había realizado con los datos aportados por el querellante y nunca se atendió a los de los querellados». El proceso quedó visto para sentencia.