Minas se inhibe en el conflicto laboral de Uminsa y se lo traspasa a la Junta

El encuentro entre los sindicatos mineros y los representantes de la secretaría de Estado de Energía celebrado ayer en Madrid no arrojó luz sobre la compleja situación que atraviesa el sector del carbón. Las centrales sindicales abandonaron la reunión sin un compromiso claro del Gobierno en relación al conflicto laboral del Grupo Uminsa y sin respuestas sobre la definición de la reserva estratégica. Además, el secretario de Estado de Energía, José Folgado, no acudió a una cita que estaba fijada para el pasado 29 diciembre y que él mismo pospuso por problemas de agenda. Así, fue la directora de Política Energética y Minas, Carmen Becerril, quien se encargó de tildar el despido de los catorce trabajadores -seis del comité de empresa- del sector Palencia del grupo Uminsa de «asunto laboral», y de remitir a los sindicatos a la reunión que mantendrán mañana las partes con la Junta de Castilla y León. «El Gobierno se ha inhibido en este asunto», comentó en este sentido el secretario provincial de FM-CC.OO., Alberto González. «Están echando balones fuera», ratificó la secretaria general de FIA-UGT, Francisca Sánchez Chinarro. Lo cierto es que Carmen Becerril tan sólo aseguró a los sindicatos que el Ejecutivo había estado «atento» a las evoluciones de la situación a través de contactos con la Junta. Esta explicación no satisfizo a las centrales sindicales, las cuales volvieron a insinuar que el Ejecutivo se ve favorecido por el clima de tensión creado por el empresario Victorino Alonso en un momento clave para el sector. «Es un hecho que les viene muy bien», apuntó el secretario regional de FIA-UGT, Manuel López. El problema del Grupo Alonso monopolizó gran parte de una maratoniana reunión que estaba convocada para que el ausente José Folgado comenzara a desvelar los parámetros de la reserva estratégica que, antes de junio, definirá el futuro de la minería: la producción (en la actualidad es de 12,7 millones de toneladas anuales, 5 en Castilla y León), las minas y los empleos que sobrevivirán más allá del 2007. Sin embargo, Carmen Becerril acudió al encuentro con las manos vacías. Tan sólo presentó un formulario que remitirá a cada empresa minera para resolver los problemas que plantea el concepto jurídico de «unidad de producción». Esta situación creó gran malestar en los sindicatos, que exigen una negociación antes de las elecciones generales y que acusaron al Gobierno de querer «ganar tiempo» para que no afecte a las elecciones. Becerril se escudó en la complejidad del proceso -en el que hay que aglutinar intereses de empresas y eléctricas con normativas medioambientales- para justificar la toma de decisiones en primavera. «Ni hay respuestas ni hay voluntad política», subrayó al término de la reunión Alberto González, de FM-CC.OO. «Simplemente, están mareando la perdiz», señaló el responsable de minería de FIA-UGT, Víctor Fernández. Tampoco hubo avances sobre un posible nuevo plan del carbón -el actual expira en el 2005- ante el inminente reglamento europeo, ni acerca del plan de asignaciones de emisiones contaminantes que el Ejecutivo debe aprobar antes del 31 de marzo para cumplir el Protocolo de Kioto «El Gobierno se ha inhibido en este asunto» ALBERTO GONZÁLEZ Secretario provincial FM CC.OO.