La solicitud podrá ser aprobada porlas Cortes, individual o conjuntamente
Las Cortes de Castilla y León tienen la última palabra en materia de grandes ciudades, puesto que son ellas las encargadas de dar el visto bueno definitivo a la solicitud de León y del resto de capitales de la comunidad que así lo pongan de manifiesto, salvo en el caso de Valladolid, que supera los 250.000 habitantes. Sin embargo, todo apunta a que las nueve capitales de Castilla y León van a ser muy prudentes a la hora de dar este paso, por cuanto la Ley de Modernización del Gobierno Local, no prevé ningún tipo de financiación para los Ayuntamientos que asuman esta condición y todo lo que ello conlleva (creación de nuevas figuras, «parlamentarización» de la vida municipal, mayores cauces de participación ciudadana, división en distritos, etc.). De hecho, según afirma el responsable de política municipal del PSOE de Castilla y León, Francisco Ramos. ningún Ayuntamiento de la comunidad, -salvo Valladolid, que se convierte obligatoriamente en gran ciudad-, está actualmente estudiando su incorporación a la nueva norma. «En ninguna de las capitales de Castilla y León existe un verdadero debate sobre el tema, aunque sí se están pidiendo los informes sobre los costes que ello supondría», afirma el procurador socialista, quien considera que los Ayuntamientos están siendo «muy prudentes» ante una normativa que «otorga un reconocimiento jurídico pero no económico a los grandes municipios». León, Burgos y Salamanca serían las capitales con un mayor interés en convertirse en gran ciudad. En cualquier caso, serán las Cortes de Castilla y León las que en cada caso darán el visto bueno final cuando así lo soliciten los Ayuntamientos interesados, -decisión que con toda probabilidad siempre será afirmativa, según explica Ramos-, aunque también podrían aprobar una norma genérica para que todos los Ayuntamientos que lo soliciten puedan convertirse en gran ciudad de un modo más directo. Por otro lado, tanto Valladolid, como las otras 22 ciudades de España que pueden acceder a esta condición disponen de seis meses desde la aprobación de la Ley de Modernización Local, para incorporarse a las obligaciones que conlleva ser una «gran ciudad», es decir, hasta el próximo mes de junio. En este sentido, algunos aspectos de la normativa, como las modificaciones en el régimen sancionador, son obligatorios para todos los municipios, se consideren o no grandes ciudades. No obstante, según el PSOE, esta ley «podría ser interina en lo que a las grandes ciudades se refiere», puesto que sobre la mesa está el debate acerca de la necesidad de reformar la Ley de Régimen Local.