El Tribunal de Cuentas denuncia que la Diputación paga con retraso

El Tribunal de Cuentas califica de «imprecisos, genéricos y no objetivos» algunos de los criterios que utilizan varias diputaciones provinciales de Castilla y León para la adjudicación de sus obras y servicios, e incluso advierte que, alguna de ellas, ha utilizado un «método matemático» que prima las ofertas económicas más altas. Así consta en el último informe de fiscalización de los entes locales aprobados por el Tribunal de Cuentas, correspondiente al año 2000, al que tuvo acceso Ical, y en el que se analizaron algunos de los contratos aprobados por las diputaciones provinciales de Ávila, Valladolid, Segovia, León y Palencia. Para la Diputación de León, el Tribunal de Cuentas analizó el contrato de adquisición de áridos y alquiler de maquinaria, por importe de 1,2 millones de euros para la conservación de la red provincial de carreteras de las zonas de León, Ponferrada, Astorga, Boñar y Sahagún. En este caso, como irregularidades más destacables destaca que en el pliego no consta la composición de la Mesa de Contratación y, en segundo lugar, que en la valoración del precio, «un criterio de fácil ponderación», se produce una «falta de objetividad» y provoca que no valoren las mejores ofertas con las mejores puntuaciones. Además, subraya que en todas las zonas de actuación se producen notables retrasos en la aprobación de facturas presentadas y en el pago de las mismas, así como un fraccionamiento en los pagos «que está expresamente prohibido por la ley». Igualmente, el informe sobre la institución provincial señala que no constan las actas de recepción y los informes de intervención referidos al cumplimiento del contrato, plado de garantía y devolución de las fianzas definitivas. En el caso de la Diputación el informe de fiscalización se centra en un periodo en que gobernaba José Antonio Díez, predecesor en el cargo del actual presidente, Javier García Prieto.