UGT amenaza con una huelga del personal de la Junta en el mes de mayo

Los sindicatos están dispuestos a llamar a la huelga en mayo a los 82.500 trabajadores de la Junta de Castilla y León -11.000 en León- si «en los próximos días» los responsables de la Administración autonómica no cambian sus planteamientos en materia de incrementos salariales y reclasificación del personal laboral y se avienen a negociar otros aspectos del acuerdo del funcionariado y del convenio de personal firmados a finales del 2002 y principios del 2003. El responsable de Autonomía de FPS-UGT, José Manuel Torre, informó ayer en León antes de una asamblea de trabajadores que están dispuestos a utilizar todas las medidas de presión necesarias para desbloquear el estancamiento de ambos acuerdos en el ecuador de su vigencia. «Desde las elecciones está dormido», afirma el sindicalista quien añade que hasta ahora el Gobierno Herrera había cambiado el talante y se había abierto al diálogo, a diferencia del de su antecesor Lucas. No entienden la razón, añade, por la que ahora «estamos al borde de la ruptura del diálogo social». Resalta que en Educación no se cumple el acuerdo para el programa madrugadores en los colegios y no se aceptan propuestas sindicales; en Sanidad «no se está cumpliendo el acuerdo marco» tras la asunción de la competencia desde el Estado; y en Administración Territorial -la atención y los servicios en general que presta la Junta- «no se cumple en temas elementales, que afectan al bolsillo». Así, Torre detalla que se había pactado una reclasificación del personal laboral para igualar condiciones, actualizando categorías y grupos, buscando una nueva estructura que además debía incluir la jornada laboral de 35 horas, y que en cuanto a lo económico contempla entre 2003 y 2005 subidas que actualicen unos salarios congelados varios años. Más para quienes menos cobran El de FSP apunta que el acuerdo y el convenio contenían un compromiso de destinar un fondo de 10,8 millones de euros para hacerlos efectivos, pero «hay una dificultad de asignación porque la Junta quiere detraer de él la cotización a la Seguridad Social, que es el 33%» de ese total; algo «inasumible, que no se vio nunca en ningún convenio, ni en el acuerdo de lo que es masa salarial consolidada, que la ley dice que no incluye la cotización». José Manuel Torre también apunta que la propuesta sindical, dejando fuera esta pretensión de los responsables de la Junta, suma incrementos que alcanzan los 9,33 millones, 1,48 menos que el fondo que contemplaba el acuerdo. Una propuesta, añade, que fija unas tablas de incrementos pecuniarios que van del 20% en el grupo profesional más bajo al 9,35% en el 1, el más alto y el que más cobra. «Somos un sindicato de clase, queremos un incremento para quien más dificultades tiene y por quien fue más afectado por las congelaciones salariales de los años precedentes», que no descarta tampoco denuncias a nivel colectivo e individual para hacer cumplir el acuerdo.