La Diputación ahorrará 340.000 euros al dejar los pisos de menores

La reversión a la Junta de la gestión de los tres pisos de tutela de menores que la Diputación gestiona en León y Ponferrada abre el camino para que la institución provincial comience a librarse de la prestación de servicios extracompetenciales. Al año el Palacio de los Guzmanes destina cerca de 340.000 euros a financiar la atención a estos hogares, de los 457.000 a los que asciende el gasto global, que sólo recibe de la Junta 120.000 euros. El pasado año el diputado de Bienestar Social ya denunció ante el ejecutivo autónomo que estos pisos de tutela de menores no cumplían los procedimientos preceptivos por ley para su cuidado y educación y que no estaba de acuerdo en cómo se desarrollaba el convenio entre ambas instituciones. «La atención no reúne las condiciones básicas para la protección, con estas infraestructuras en pisos en los que coinciden niños de 4 años y adolescentes con 18», explica Agustín García Millán, quien asegura también que los hogares no cuentan con el personal necesario para atender los tres turnos que serían precisos. La Diputación llevará a Pleno el viernes la extinción del contrato de los ocho interinos que venían prestando sus servicios en estos pisos y la recolocación en otros servicios de los ocho laborales y funcionarios que trabajan igualmente en estas labores. De este modo, a partir del 30 de junio la gestión de la tutela de menores en estas casas estará ya de forma completa en manos de la Junta, que además es la administración a quien corresponde esta competencia, que la Diputación prestaba y financiaba desde hace más de quince años. Más para intervención familiar García Millán adelantó ayer que con el dinero que las arcas provinciales se ahorrarán por dejar la gestión de los pisos de menores ampliará el programa de asistencia a esta franja de edad en el ámbito familiar -competencia que sí debe desarrollar la Diputación- a través de los programas PIF y PAF. En este sentido, señaló que actualmente existen dos equipos de intervención familiar integrados cada uno por un psicólogo y educadores. Este año será creado un tercero y a corto plazo otros dos, ya que cinco son los necesarios para atender toda la provincia, según los estudios realizados y las necesidades detectadas. Estos equipos trabajan directamente con las familias con dificultades en su propio entorno para orientar su vida y las relaciones entre sus miembros.