El juez paraliza la apertura del gran basurero de Mansilla de las Mulas
La estación de transferencia de residuos sólidos urbanos ubicada en la localidad de Mansilla de las Mulas no podrá abrir sus puertas el próximo mes de julio, como estaba previsto. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha dado la razón a los vecinos de la urbanización Mansilla del Esla, tras cuatro años de pugnas judiciales, y ha anulado las licencias urbanísticas y de actividad del gran basurero hasta que se elabore un informe de impacto ambiental. Según el portavoz vecinal, Carlos Blanco, la sentencia «permite incorporar los impactos que produce este proyecto en las viviendas situadas a escasos metros, en el centro penitenciario y en el entorno en general». A su juicio, debe tenerse en cuenta que el estudio de impacto ambiental «puede resultar desfavorable, lo que obligaría al traslado de la instalación, o ser favorable, pero imponiendo unas medidas correctoras que ampararan a los vecinos que han recurrido». La alcaldesa de Mansilla, Paz Díez, reconoce que es la primera vez que un juez impide la puesta en marcha de una planta de transferencia, que lo que persigue es minimizar el impacto de las basuras, al verterse en cajones sellados que, posteriormente, se reciclan. La pelota, a Gersul La regidora indicó que el Ayuntamiento esperará las noticias del ente de la Diputación para la gestión de los residuos sólidos, Gersul, que ha sido la institución encargada de construir la estación de transferencia. «Si deciden realizar el informe de impacto ambiental, en cuanto lo remitan al Ayuntamiento, podremos aprobar la licencia de obra y actividad», explica. En realidad, la planta de basuras, donde está previsto que viertan sus residuos 21 ayuntamientos de la zona, ya está construida, pero, tras la sentencia del Contencioso, aún es una estación ilegal. La abogada que representa a los vecinos, Carolina Franco, se alegra de la «sensibilidad que empiezan a tener los tribunales sobre el respeto al medio ambiente y los derechos ambientales de los ciudadanos». En su opinión, «cada vez hay más sentencias que anulan resoluciones administrativas poco escrupulosas con el derecho ambiental vigente». Sólo lamenta la lentitud de la justicia, porque la anulación llega con el proyecto ya ejecutado.