Sierra Pambley revisa si la operación urbanística del monte San Isidro es legal

Los responsables de la Fundación Sierra Pambley han puesto en manos de sus abogados el expediente de la operación urbanística del monte San Isidro para saber si aún tienen algún derecho sobre los terrenos recalificados, que fueron vendidos a la Diputación de León en 1949 para fines exclusivamente sociales y en los que ahora se proyecta una ciudad jardín de 700 viviendas protegidas y de alquiler. El mensaje quedó claro ayer por la tarde. Después de reunirse durante una hora, uno de los patronos de la fundación y la gerente comunicaron a los miembros de la plataforma que intenta frenar el desarrollo del sector de San Isidro que no adoptarán postura alguna hasta que los servicios jurídicos no determinen la situación legal de las diez hectáreas que han sido convertidas en urbanizables. Entre otros frentes, los letrados trabajan en la interpretación del contrato de compraventa que dio la titularidad del monte San Isidro a la institución provincial hace 55 años. En él consta literalmente que la fundación se reservaría el derecho de recuperar el territorio en un periodo de diez años a tenor de una serie de normas, entre ellas que la Diputación destinara la parcela a fines diferentes a los que estableció el entonces Ministerio de Educación Nacional, que no eran otros que «los de mayor trascendencia social». Derecho a retracto «Para que la fundación pueda utilizar el derecho al retracto -indica el documento-, será requisito indispensable que la Diputación incumpla sus obligaciones de no destinarla a estos fines y de no enajenarla total o parcialmente». «La fundación -añade- podría optar por ejercitar el derecho de retroventa o alternativamente exigir a la Diputación una indemnización en metálico, cuya cuantía será la diferencia entre el precio actual de la venta y el valor real de la finca, excluidas las edificaciones que existan en el momento de la reclamación». Estos párrafos se refieren, en principio, a los diez años siguientes al 28 de diciembre de 1949. Pero el contrato añadía a continuación: «Si la Diputación Provincial incumpliera las obligaciones expresadas con fecha posterior al 28 de diciembre de 1959, la Fundación Sierra Pambley tendrá derecho a exigirle el pago de la citada indemnización». Esta entidad cobró en 1949 la cantidad de 1.735.175 pesetas a cambio de entregar la propiedad de los terrenos (133 hectáreas, 47 áreas y 50 centiáreas) a la Diputación, aunque se reservó una parte del monte en su beneficio propio. Reparto casi a medias Desde entonces, el monte ha sido utilizado como zona de esparcimiento. Pero el desarrollo urbanístico se acerca cada vez más a este bosque periurbano, que sería convertido en un parque más de la capital si prospera la operación proyectada por el Ayuntamiento y la Diputación, que a través de un convenio urbanístico se han repartido las diez hectáreas recalificadas por el nuevo PGOU en un 40% y un 60%, respectivamente. El Ayuntamiento hará 370 viviendas sociales y la Diputación aún no sabe qué hacer con el suelo, aunque tiene un plazo de seis meses para definir su actuación.