Armi exige leyes para evitar que las empresas presionen con los cielos abiertos

El total de los 83 representantes de la Asociación Regional de Municipios Mineros (Armi) aprobaron ayer por unanimidad una moción de apoyo a los alcaldes tanto de la minería del carbón como de la no energética que sufren la presión de las empresas del sector para conseguir permisos de cielos abiertos. El presidente de Armi, Laudino García, explicó tras la asamblea general extraordinaria celebrada ayer que la asociación solicitará una reunión con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, o con el consejero responsable, con el objetivo de exigirle la aprobación de medidas legislativas que protejan a los municipios, de forma que «los empresarios no puedan presionarles amenazando con despidos si no se cede a sus demandas». García defendió que los municipios puedan ser en la práctica soberanos en sus decisiones, y la minería a cielo abierto se apruebe o no según las necesidades de los ayuntamientos, y no «a través del método, siempre denunciable, de la amenaza al empleo». Esta fue una de las medidas aprobadas ayer en la asamblea, en la que se debatieron fundamentalmente las enmiendas que Armi presentará a la Ley de Actuación Minera. Entre ellas, Laudino García destacó la solicitud de incrementar las inversiones hasta llegar a los 240 millones de euros. «En el anterior plan de actuaciones se gastaron 180 millones de euros, luego no es lógico que ahora de inverta lo mismo. Además, el Plan del Carbón ha supuesto una inversión grande en carreteras, que la Junta no debería considerar parte de sus presupuestos, sino destinarlos a este fin a mayores de ellos». Los municipios mineros reclaman también la elaboración de un mapa en el que se especifiquen con claridad las localidades que pueden beneficiarse de las inversiones previstas en la Ley de Actuación Minera, especialmente en León, Zamora y Salamanca pero también en el resto de la autonomía. Entre las enmiendas aprobadas figura la petición de que se incrementen las ayudas en el eje de servicios básicos de los municipios, y que éstas incluyan el IVA, al igual que ocurre en otros programas de la Junta. «Si las ayudas son del 80%, y hay que descontar el impuesto, las subvenciones son menos beneficiosas de lo que se nos quiere hacer creer», destacó García.